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CORRUPCIÓN ELECTORAL |
| Corrupción significa la acción y efecto de corromper, es decir, alterar, abusar, engañar, pervertir o pudrir. La corrupción política es el uso de los roles políticos y de los puestos públicos con propósitos ilegales o no éticos, para obtener alguna ventaja personal, comúnmente económica. Implica un desvío de los patrones de conducta esperados por los ciudadanos, por parte de quienes ejercen la autoridad u ocupan un puesto público, a efecto de conseguir algo privado no aceptado dentro del ejercicio de ese cargo. No todo comportamiento desviante es corrupción, sólo cuando se reciben beneficios adicionales no aprobados. Lo que está permitido, esto es, la frontera entre lo aprobado y lo no sancionado es sutil porque varía con el tiempo y el lugar, más si existe un cambio político y social acelerado. La corrupción política se caracteriza porque se subordinan deliberadamente los intereses públicos o comunes a los personales; porque se realiza de manera oculta, salvo que quien la cometa disfrute de gran poder o protección; porque existen obligaciones y beneficios mutuos generalmente pecuniarios; porque se presenta en una relación recíproca en donde uno desea una decisión y otro puede influirla; porque se pretende camuflar con alguna justificación legal; y porque quien la comete actúa de manera dual y contradictoria: oficial y corruptamente. Dentro de la corrupción política, la electoral es la tergiversación o alteración de la voluntad de los electores o el falseamiento de los resultados electorales. Se contraría así, la voluntad mayoritaria de los electores, se lesionan los derechos de los candidatos y de los partidos, se socavan los valores democráticos de la sociedad y cuando es generalizada, se provoca una crisis de legitimidad de todo el sistema político. Los actores y promotores de la corrupción electoral pueden ser cualesquiera de los protagonistas de las elecciones: partidos, candidatos, electores, periodistas y dueños de medios, funcionarios electorales y gubernamentales, personas ajenas al proceso electoral. Sus formas características son: a) Venta de candidaturas para puestos de elección popular. b) Obtención de recursos públicos y privados para las campañas mediante la extorsión y la amenaza de sufrir males futuros (como la pérdida de un empleo público o de una concesión, licencia o permiso), o la promesa de una retribución posterior en la forma de un cargo público o un ascenso, o de exenciones especiales de impuestos y descuentos en el pago de servicios públicos, o la privatización de empresas o bienes públicos, o el otorgamiento de permisos, concesiones y facilidades para hacer negocios lícitos o ilícitos una vez ganada la elección. c) Servir como candidato señuelo a cambio de algún beneficio personal para golpear a un opositor y fragmentar al electorado. d) Obligar a los empleados públicos, a los permisionarios y concesionarios de algún servicio público a realizar actividades partidistas: o exigir su asistencia a los actos de campaña bajo la amenaza de perder su empleo, permiso o concesión. e) Obtener dinero por realizar actos en contra de los opositores, como infiltrarse en sus campañas o sabotear los actos de las mismas. f) Sobornar a los dirigentes de las campañas de la oposición para que deformen sus planes, filtren información u obstaculicen su desarrollo. g) Compra venta de la información y documentación oficial, como la papelería electoral. h) Alquilar la credencial para votar con fines de fraude electoral o para garantizar abstención. i) Cambiar el voto por artículos de consumo como arroz, frijol, detergentes, etc. j) Compraventa de votos a favor de cierto candidato o partido político. k) Suplantar una o varias veces a los electores a cambio de algún beneficio. l) Soborno a los funcionarios electorales para que permitan tergiversar los votos de los electores o realicen directamente prácticas fraudulentas. m) Clientelismo. La corrupción electoral no sólo se limita al soborno y a la intimidación, sino comprende la diseminación de rumores difamatorios acerca de los candidatos, la propaganda falsa y desde luego, todas las prácticas fraudulentas de alterar las votaciones. La corrupción electoral siempre está latente en cualquier elección y constantemente surgen nuevas formas, cada vez más complejas y sutiles; de modo que es indispensable una vigilancia permanente de los procesos electorales por los representantes de los partidos, de la sociedad civil y la prensa democrática e independiente. Obviamente la pobreza extrema, la ignorancia y la desigualdad constituyen el campo más fértil para que prospere la corrupción electoral. En el fondo, la corrupción electoral es un problema de cultura política más que de sanciones legales. Sin embargo, existen ciertas medidas preventivas que han contribuido a disminuirla en algunos países, además del propio desarrollo político, cultural y educativo de la población: el establecimiento de organismos electorales autónomos y de un servicio civil basado en el mérito que restringe el número de puestos públicos susceptibles de manejarse como botín político; la prohibición al personal público de ocupar cargos de dirigentes en los partidos y de participar en las actividades de las campañas; la prohibición a los partidos de presionar a los empleados públicos para que aporten fondos para su sostenimiento y sus campañas; la erradicación del clientelismo; la prohibición para los contratistas gubernamentales, permisionarios y concesionarios de los servicios públicos de que contribuyan en efectivo o en especie a las campañas; la definición de topes a las contribuciones que realicen los particulares a los partidos y sus campañas, así como la limitación y fiscalización de los gastos de las campañas; y en general, el fortalecimiento de los partidos y de la prensa libre e independiente, tanto como de la organización de la sociedad civil nacional e internacional. Asimismo, hay medidas punitivas que buscan castigar a los responsables de la corrupción electoral que van desde sanciones administrativas hasta penales. Y también existen medidas correctivas que intentan enmendar los daños causados por actos de corrupción, de modo que se invaliden los votos resultado de la misma o se anule la elección que víctima de la corrupción electoral. En México, según una encuesta de Transparencia Internacional realizada en el año 2000, es preocupante la percepción sobre la corrupción que priva en el país, ya que "el 64% de los mexicanos entrevistados no conciben a la corrupción como un problema grave y el 25% manifiesta que los sobornos los conciben como algo natural, sin importar la ideología del Gobierno en el poder, mientras que el 5% considera a la corrupción como un mal menor que, al final de cuentas, ayuda al funcionamiento de la sociedad" mexicana. |