Es una forma de organizar los intereses y de influir en la política gubernamental. Se refiere a una estructura social en la cual las corporaciones ejercen gran poder en las vidas y actividades profesionales de sus miembros y desempeñan un papel de intermediación entre sus integrantes y el Estado. Es una manera de manejar la participación de los grupos y de usar políticamente las organizaciones; en este sentido, el Estado otorga un monopolio y subsidios a las organizaciones a cambio de su subordinación y de influencia en la selección de sus dirigentes.

Históricamente, el término ha sido utilizado para describir una doctrina política que pretendió organizar a la sociedad en corporaciones o gremios. Las corporaciones se estructuraban bajo criterios jerárquicos, autónomos y funcionales de división del trabajo y se contraponían a la estructura del Estado. La supremacía del bien común sobre los intereses particulares y la solidaridad eran los principios ideológicos bajo los cuales se estructuraban las corporaciones y se generaba la cooperación entre los individuos.

El corporativismo tiene antecedentes en la antigua Roma en los "collegia" y en la edad media, en los gremios, cofradías y corporaciones que monopolizaban un oficio o arte, controlaban la vida de sus miembros y ejercían poderes económicos y de representación política junto con el clero y la nobleza. En el siglo XVIII se consideró a las instituciones corporativas como anticuadas respecto al desarrollo de la revolución industrial. En Francia (Ley Chapelier, 1791) e Inglaterra (Combination Laws, 1799) fue abolido este tipo de organizaciones, el cual fue rescatado por el movimiento católico social un siglo más tarde, a finales del siglo XIX, como un intento por defender los valores humanísticos y crear un orden social cristiano (Encíclica Rerum Novarum, 1891), como una alternativa frente al capitalismo liberal y al marxismo clásico.

El término también hace referencia al modelo que, inspirado en el corporativismo del movimiento social cristiano, caracterizó a los regímenes militares de los años sesenta y setenta en países como Brasil, Perú, Chile y Argentina, cuyos gobiernos fueron "nacionalistas, paternalistas, estatistas y corporativistas".

En el siglo XX, el ideal corporativista medieval también fue retomado por diversas corrientes de corte fascista, inspiradas en un concepto del sociólogo francés Durkheim que expresaba la idea de que quienes se dedican a una actividad tienen más cosas en común que las que se derivan de la clase o status social. Surgió así el corporativismo supeditado por completo a un control y dirección autoritarios del Estado, al que corresponden los ejemplos históricos de Italia, España y Portugal, durante los regímenes de Benito Mussolini, Francisco Franco y Antonio de Oliveira Salazar respectivamente. Allí se organizó en corporaciones a la sociedad en su conjunto; bajo esta estructuración de la sociedad las organizaciones estuvieron subordinadas al Estado y fueron un mecanismo de control político y de predominio del interés nacional sobre los intereses particulares.

A lo largo de la primera etapa de su historia, se distinguen dos tipos fundamentales de corporativismo: el contrarrevolucionario o tradicional y el dirigista o de Estado. El primero está representado por la corriente católica que al ser marginada del proceso productivo de desarrollo económico y social del industrialismo, buscó aliarse con otros desplazados como eran las capas desposeídas; propone la reconstrucción orgánica de la sociedad y reconoce la importancia de la asociación de las clases obreras siempre que "antepongan el bien común a sus intereses particulares"; su enfoque ha sido más orientado al aspecto ideológico que hacia las acciones sociales y sindicales concretas.

El corporativismo dirigista o de Estado encontró su expresión radical en el fascismo italiano en el cual, el bienestar de la comunidad quedaba supeditado a un objetivo mayor representado por el crecimiento económico. Lo realmente importante era lograr la producción a toda costa, mientras que la distribución de la riqueza generada quedaba siempre en un segundo plano. El fascismo estableció la figura del sindicato único de trabajadores, como un factor para controlar y manipular las demandas obreras y que éstas no salieran de los límites por él establecidos. La participación política fue privativa de las corporaciones que contaban con el reconocimiento oficial. A través de este sistema, el gobierno logró un inmenso control sobre la población en general. En la práctica, las reivindicaciones sociales sólo quedaron en expectativas, muchas de las veces nunca realizadas.

Así, en 1926, se establecieron las primeras corporaciones denominadas "asociaciones profesionales, obreras y patronales". Sólo se reconocían los sindicatos cuyos cuadros eran creados o aprobados por el jefe de gobierno; no se podían realizar huelgas; se prohibía el sindicalismo independiente, así como el pertenecer a una organización no reconocida por el Estado. La afiliación a las unidades oficiales era forzosa y de carácter coactivo por parte de las autoridades. En 1939, el Parlamento, organizado conforme a electorados geográficos, fue sustituido por la Cámara de Fascios y de las Corporaciones, organizada de acuerdo a las agrupaciones profesionales. En la práctica, se rechazó la democracia electoral, se estimuló la apariencia de armonía social y se trataron de eliminar las demandas políticas. El Estado hizo de las corporaciones instrumentos dóciles para dirigir la economía y a la sociedad en su conjunto.

De este modo, el corporativismo fascista se convirtió en un medio de contener la lucha de clases y evitar las elecciones democráticas, con toda la ventaja para la clase en el poder; en sus formas menos brutales, ha pretendido sustituir el conflicto económico con la solidaridad entre quienes hacen el mismo tipo de trabajo, reemplazar la lucha de clases con alguna composición armónica dictada desde arriba, el enfrentamiento ideológico con la fé común en la naturaleza superior del Estado.

Desde el punto de vista político, para el corporativismo, el Estado no se compone de personas sino de corporaciones, en consecuencia, la representación de los ciudadanos se sustituye por la de los grupos de interés, una representación corporativa, en la cual el derecho a participar en la vida política del Estado no es de los individuos, sino de los grupos de interés. Estos tienen que organizarse en corporaciones y obtener el reconocimiento oficial del Estado. Se constituye así, la "democracia orgánica o vertical". Electoralmente, el voto individual se convierte en voto corporativo.

Desaparecido el fascismo, que representó el corporativismo extremo, actualmente se define el corporativismo por contraste con el pluralismo, ya que ambos se refieren a las organizaciones intermedias de la sociedad y a la manera de organizar estas asociaciones de intereses, de modo que desempeñen un papel mediador entre sus miembros y sus interlocutores, que son especialmente las autoridades gubernamentales que pueden satisfacer sus demandas. El corporativismo se distinguido por su carácter monopólico, diferenciado, doctrinario, coercitivo, jerárquico, obligatorio etc. respecto a sus agremiados; negociador y comprometido establemente en relación a sus interlocutores. En tanto que el pluralismo representa lo opuesto, por ejemplo contempla múltiples organizaciones, asociación y contribución voluntarias, tolerancia, relaciones cambiantes, etc.

a. El corporativismo autoritario y liberal

En "Neocorporativismo, Más Allá del Estado y el Mercado", Schmitter señala que es necesario rescatar el concepto de corporativismo y entenderlo como un sistema de representación de intereses y/o de actitudes, un particular arreglo institucional típico-ideal para vincular los intereses organizados en asociaciones de la sociedad civil con las estructuras decisionales del Estado. Lehmbruch sugiere el concepto de corporativismo liberal como un tipo especial de participación de grandes grupos sociales organizados en las políticas públicas, especialmente económicas, cuyo rasgo distintivo es su alto grado de cooperación entre estos mismos grupos en la conformación de políticas públicas. Winkler y Pahl consideran que el corporativismo es un sistema económico comprehensivo, un modo de asignar recursos y no de ejercer influencia o de tomar decisiones. En esa misma obra y desde un punto de vista marxista, Jessop sostiene que el corporativismo incluye la función de representación política mediada por un sistema de corporaciones públicas constituidas sobre las bases de la función de sus miembros dentro de la división del trabajo y la intervención del Estado por medio de estas mismas corporaciones y/o dependencias administrativas formalmente responsables ante ellos.

Es así como el uso actual del término hace una distinción entre el corporativismo de Estado o autoritario, que se encuentra en sistemas como el del Portugal de Salazar y la España de Franco, y el corporativismo social o liberal que ha surgido gradualmente en las democracias capitalistas.

El corporativismo autoritario se distingue por la limitación de la democracia liberal y de la participación popular, por la dominación de una élite gobernante y por sus economías industriales, relativamente subdesarrolladas. Las instituciones corporativistas permiten disciplinar y controlar a la mano de obra, al tiempo que otorgan un grado considerable de protección frente a la competencia extranjera a intereses industriales relativamente ineficaces y atrasados, durante la fase de transición al capitalismo industrial. Se crean asociaciones autorizadas como intermediarias entre el Estado y los productores económicos que tienen el efecto de restringir las actividades organizativas independientes de los grupos de productores. "La negociación entre ambos (Estado y productores) implica un intercambio de bienes en el cual las organizaciones reciben beneficios económicos y sociales y otorgan a cambio lealtad, apoyo polìtico, colaboración, en una palabra, consenso, a las acciones y decisiones del sistema, especialmente en le terreno de la polìtica económica".

El corporativismo liberal describe los procesos e instituciones que existen junto a los cauces parlamentarios de representación que operan a través de los partidos y las elecciones. La base del corporativismo es la representación funcional, en virtud de la cual, los poderes públicos permiten ostentar una posición privilegiada en los procesos de negociación sobre las actividades políticas a las organizaciones que representan intereses socioeconómicos. Estos procesos de negociación suelen tener lugar en instituciones informales fuera del alcance de controles democráticos formales, tales como el escrutinio parlamentario o la responsabilidad ministerial. A cambio de esta posición privilegiada, las organizaciones de intereses aseguran la obediencia de sus miembros a los términos de las políticas acordadas.

De este modo, el corporativismo ha representado una opción para entablar acuerdos entre las clases sociales organizadas y el Estado, ante los problemas del desempleo y de la inflación. Su mayor ventaja ha sido la gobernabilidad, su mayor desventaja, su falta de democracia, ya que las organizaciones desplazan a las personas, los profesionales especializados asumen la representación de los amateurs, la representación funcional (empresarios, obreros, campesinos, etc.) reemplaza a la representación territorial que constituyen los órganos legislativos, las organizaciones nacionales disminuyen a las locales, etc.

A pesar de lo anterior, algunos países corporativistas como los escandinavos han mantenido democracias estables con la ayuda de otras medidas democráticas, como la participación de los obreros en la administración de las empresas. En contraste, en otros países no corporativistas, la espontaneidad, el carácter voluntario y la autonomía que hacen parecer al pluralismo más libre, en la práctica reproducen las desigualdades de acceso al poder, resultado de la gran desigualdad social.


b. El corporativismo en México

En México, el corporativismo tiene antecedentes desde la época colonial, pero fue durante la década de los treinta, particularmente bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, cuando se estableció una relación corporativa de reciprocidad política entre el Estado y varias organizaciones. Fue en ese entonces, cuando se organizó al Partido de la Revolución Mexicana ( PRI actual) con base en los sectores y cuando se estimuló la integración de grandes centrales obreras y campesinas a nivel nacional. El propósito inicial fue llevar a la práctica la política revolucionaria con el apoyo popular organizado. La élite revolucionaria gobernante reclamaba la unidad de las clases en un gran frente nacional para lograr un desarrollo nacionalista, independiente y antiimperialista.

La globalización, el arribo del neoliberalismo, la pluralización creciente de la sociedad, el retiro de la intervención estatal en la vida nacional, el debilitamiento de las organizaciones de trabajadores y de sus líderes, la demanda de una democracia de ciudadanos, la crítica a la afiliación partidista colectiva, la competencia electoral cada vez más reñida, han sido importantes factores que han limitado la fuerza de un corporativismo que aun puede hacer uso de la exclusividad de las fuentes de trabajo, de la sindicación obligatoria y de la amenaza de exclusión de los disidentes para mantener una disciplina que obliga a la participación de sus agremiados en las campañas conforme a las instrucciones que reciben de sus líderes y presiona a los trabajadores y sus familias para que voten según la consigna que les transmiten, no obstante que el voto es secreto.

Además, hoy la legislación prohibe la afiliación en masa o grupo de personas, contra su voluntad, a un partido político; así como condicionar determinados beneficios, derechos o canonjías, a la aceptación de esa afiliación y a sufragar por el partido al que hayan sido afiliados.

Recientemente, fracasó una iniciativa de reforma de la ley electoral que presentó la oposición para prohibir la afiliación colectiva a los partidos políticos, la cual hubiera contribuido a disminuir las tendencias corporativistas aun vigentes en México.