Es la acción ordenada y simultánea de dos o más partidos encaminada a ganar los cargos de elección para sus candidatos conforme a las leyes y en condiciones de igualdad y libertad. Mediante la competencia se racionalizan los antagonismos políticos, de modo que encuentren una solución institucional y pacífica de la que pueda resultar la ratificación de la mayoría, la alternancia en el gobierno de diferentes partidos, y en general, la continuidad o el cambio de las fuerzas políticas que concurren en una elección.

La competencia implica la propuesta de ideologías, programas, posiciones políticas y candidatos comparables y debatibles, así como la movilización de recursos humanos, financieros e informáticos para identificar, persuadir y conducir a las urnas a los electores potenciales favorables en número suficiente para alcanzar el triunfo electoral.

Esta lucha debe desarrollarse dentro de los confines del sistema por las cuestiones políticas más importantes, pero no sobre el sistema mismo o sus fundamentos, por eso es institucional y pacífica. Implica la posibilidad efectiva para cada elector de decidir libremente su voto. Asimismo, supone la igualdad real de oportunidades de todos los participantes de lograr el poder; no existe cuando se compite en condiciones de desventaja tales (gerrymander, gasto desproporcionado en la propaganda, monopolio de los medios, clientelismo, control gubernamental del proceso electoral, manipulación, amenaza de represión, etc.) que de antemano se garantiza el triunfo de uno de los partidos o de los candidatos.

En los regímenes monopartidistas la acción política se monopoliza y no existe competencia; tampoco en las dictaduras, en las cuales se considera subversiva. Además, la falta de competencia electoral se hace presente cuando no hay libertad para postular a los candidatos, cuando se sujeta a la oposición a un continuo amago o al desconocimiento de sus derechos y en general, cuando las garantías indispensables para una confrontación abierta de intereses pluralistas están ausentes.

En los regímenes bipartidistas la competencia se da entre un partido que por su mayoría está en el gobierno y otro de oposición que trata de sustituirlo; la intensidad y contenido de la competencia dependerá de la correlación de fuerzas entre los mismos (será mayor si están equilibrados) y de sus posiciones ideológicas (será mas reñida si son radicalmente opuestos entre sí). Cuando los partidos son más de dos, la competencia es más compleja: si existe un partido dominante puede funcionar como el caso anterior, pero si el partido que tiene el poder lo ha ganado por mayoría relativa y tiene que recurrir a coaliciones formales o de hecho, la competencia se diluye y obedece más a situaciones coyunturales, lo que provoca más inestabilidad política; algunos sistemas electorales, cuando nadie alcanza una determinada votación mayoritaria, consideran una segunda vuelta para aumentar la fuerza popular del nuevo gobierno.

La competencia también se da al interior de los partidos por las candidaturas en las elecciones primarias, aunque de modo más limitado ante el riesgo siempre presente de división de los militantes, de vulnerar la imagen pública del partido y de dar ocasión a los opositores de aprovechar la lucha interna para ganar terreno.