Es la condición de ciudadano, de ser titular de los derechos que otorgue a los ciudadanos el sistema jurídico, en especial de los derechos políticos (principalmente el sufragio), que son los que faltan a quienes no son ciudadanos. Es una condición jurídica de una persona con relación a un Estado, que le faculta a intervenir en la elaboración de la voluntad de ese Estado, y en todos los asuntos esenciales del mismo. Implica normas acerca de lo que un ciudadano puede hacer (como votar), debe hacer (como pagar impuestos) y puede rehusar hacer (como comprometer su obediencia).

La ciudadanía es un derecho que se adquiere en tanto se cumpla con ciertos requisitos que fija el ordenamiento jurídico nacional; supone derechos y obligaciones y exige ciertos requisitos de origen o radicación, y de edad. Son las leyes emitidas por el Estado y los tratados internacionales los que norman el procedimiento de pérdida o adquisición de la ciudadanía. Es diferente a la nacionalidad, pues si bien todo ciudadano es nacional, no todo nacional es ciudadano. La nacionalidad se adquiere por nacimiento o naturalización; la ciudadanía es una relación jurídica dinámica entre el individuo y el Estado que sólo puede otorgarse a quienes poseen la calidad de nacionales, de modo que no puede haber ciudadanía sin nacionalidad, pero sí nacionalidad sin ciudadanía, como en los casos de los menores de edad y de las personas sujetas a proceso judicial que no se encuentran en ejercicio de sus derechos políticos.

Hoy se reconoce que a todo individuo le asisten dos tipos de derechos que le son inherentes por su calidad humana: civiles, sociales y humanos que se aplican a toda persona, nacional o extranjera, que habite o se encuentre en el territorio de un Estado, y los derechos políticos que se otorgan sólo a quienes el Estado reconoce como elementos políticamente activos, en la medida en que cumplan con lo exigido por la norma respecto a los requerimientos para adquirir o conservar la calidad de ciudadanos, y por los cuales gozan de la protección que les otorga el Estado como miembros de su comunidad política.

Según Camposeco Cadena (Diccionario Universal de Términos Parlamentarios), la ciudadanía se refiere, en términos generales, a las prerrogativas políticas, capacidades necesarias para el reconocimiento de los derechos políticos y la existencia de procedimientos electorales para su ejercicio. Son derechos esenciales del ciudadano:
a) votar;
b) ser elegido para los cargos de elección popular;
c) derecho al empleo público;
d) derecho a presentar proyectos de ley;
e) derecho a participar en los procesos de consulta pública, referéndum y plebiscito, ejercer el veto popular, la iniciativa popular o la revocación;
f) derechos de petición política;
g) derechos de reunión; y
h) derechos de asociación política para constituir partidos políticos.

El ciudadano construye y es sujeto del régimen político; la ciudadanía es la herramienta para expresar su voluntad participativa.

El concepto de ciudadanía proviene de las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, que consideraban al hombre como ser político, y la entendían como capacidad para gobernar y ser gobernado, lo que implicaba la idea de igualdad ante la ley y participación política activa, de modo que nació paralelamente al concepto de democracia. Sin embargo, los griegos sólo reconocían la ciudadanía a una minoría de hombres libres, nacidos en Grecia; los esclavos y las mujeres eran excluidos. En Roma, la ciudadanía se definía en términos de capacidad para ocupar un puesto público; paulatinamente se hizo extensiva a los plebeyos y después a las personas que habían sido conquistadas, lo que condujo a un cuerpo de ciudadanos más heterogéneo, por lo que la ciudadanía significó más una protección que la gente recibía de la ley que una participación activa en su formulación y ejecución; la ciudadanía se convirtió en un status jurídico del que sólo se excluían a las mujeres y a las clases más bajas.

Al término de la Edad Media, el republicanismo griego y romano fue revivido en Italia durante el Renacimiento. En Inglaterra fue reformulado en la época de la revolución del siglo XVII y más tarde llegó a América para convertirse en importante fuente de influencia en la independencia de las trece colonias inglesas. Con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el término adquirió su carácter universal. Juan Jacobo Rousseau en "El Contrato Social" definió al ciudadano como libre y autónomo, con derecho a tomar parte en aquellas decisiones que todos están obligados a obedecer. Ligó así al ciudadano con la teoría del consenso, la tradición republicana clásica y el contractualismo moderno, la comunidad política con el individualismo; no obstante fue consciente de la tensión entre el bien común y los intereses privados y de la amenaza que los grupos de interés organizados representaban para el bienestar del cuerpo político.

Con el liberalismo, la concepción republicana del ciudadano activo, del espíritu público y de la participación política en una comunidad de iguales, fue desplazada por un status legal, por la posesión de derechos individuales "naturales" contra el Estado. Concepción que fue criticada desde sus orígenes porque abre la posibilidad de que un individuo pueda tener derechos independientemente de la comunidad a la cual pertenezca.

Así, el concepto evolucionó hasta alcanzar su significado actual: dentro del marco constitucional, un ciudadano es aquel que después de haber cumplido con los requisitos que la ley establece, adquiere derechos y obligaciones políticas, lo cual lo convierte en elemento activo de la vida pública del Estado.

La importancia del término radica en que quienes poseen esta condición de ciudadanía, tienen igualdad de derechos, no pueden ser expulsados del Estado al que pertenecen, gozan de protección diplomática, así como todos los demás derechos políticos, como poder desempeñar cargos públicos, tener derecho al voto y a ser elegido, militar libremente en los partidos, disfrutar de libertad de expresión, y en general, participar en la vida política del país.

Entre los deberes más importantes que un ciudadano debe cumplir están la obediencia a las leyes, la fidelidad y lealtad a la Patria, el servicio militar obligatorio.

La ciudadanía es una situación jurídica no solamente al interior de un país sino en el ámbito internacional. Los ciudadanos que se encuentran en el extranjero deben cumplir con las obligaciones que les impone el Estado al que pertenecen, a la vez de que gozan de la protección diplomática del mismo.

Actualmente se plantea el problema de cómo establecer una noción de ciudadanía que abra espacio al carácter crecientemente multiétnico y multicultural de la población, es decir, cómo conciliar la necesidad de crear unidad sin negar la multiplicidad, cómo combinar un pluralismo efectivo con una identidad política común comprometida con principios políticos compartidos.