Es una política establecida en 1934 en Estados Unidos por la Federal Communications Act que ordenaba que la radio y la televisión, en su actividad noticiosa, mostraran todos los ángulos importantes de los asuntos públicos controvertibles y que todos los candidatos para un cargo público recibieran igual acceso a la televisión y a la radio que utilizan el espacio público para sus transmisiones por lo que constituyen cierto monopolio. Por otorgar "tiempo igual" se quería decir que durante una campaña política, una estación o cadena de radio o televisión debería ofrecer tiempo igual a un candidato o partido, cualesquiera que fuera su postura ideológica; no comprendía el tiempo pagado por los partidos o candidatos, sino el acceso gratuito de carácter informativo.
Este principio estaba basado en el supuesto de que la democracia exige que la gente tenga la oportunidad de oír puntos de vista opuestos sobre asuntos políticos antes de formarse una opinión de los mismos. Sin embargo, en 1987 la Federal Communications Commission abolió esta ley bajo la presión del neoliberalismo representado por el veto de Ronald Reagan que señaló que un mercado de medios más amplio y diverso aseguraría la pluralidad de opiniones sin necesidad de esta regulación. Sin embargo, se han expresado serias dudas acerca de dejar las materias controvertibles en manos de las fuerzas del mercado y de que éstas darán origen a un periodismo que contribuya a la ciudadanía democrática. Para muchos la abolición retardó el progreso hacia una prensa y una ciudadanía más libres.
La doctrina hace referencia al hecho de que durante las elecciones los medios masivos, en especial la radio y la televisión, juegan un papel importante: son actores, no simples espectadores de las justas electorales y llegan a ser los jueces no oficiales de los candidatos y de los actos de campaña, así como del resultado de las votaciones; de ahí el propósito de asegurar al elector la información completa y objetiva de los partidos, las personalidades y las posiciones que se enfrentan en una elección.
Trejo Delarbre (Medios y Elecciones en 1994: el Sufragio Privilegiado) señala que "pareciera que hoy en día, equidad en política tiene que ser equidad en los medios de comunicación. Un contexto de desigualdad en el acceso de los partidos -y de los ciudadanos- a la prensa y a los medios electrónicos, se traduce siempre en desigualdad en la competencia política. Pero no hay consenso sobre qué entender por equidad en el manejo de informaciones políticas".
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