La defensa del voto obtenido es una de las más importantes tareas postelectorales ya que a la ardua labor de conseguir el voto ciudadano, hay, que agregar además la lucha tremenda para que las autoridades correspondientes respeten los resultados electorales.
Consiste en un esfuerzo continuo, desarrollado durante el periodo electoral, por contribuir a que la voluntad del electorado se exprese libremente y se respete su manifestación a través del voto.

Cada país cuenta con una legislación específica sobre la materia, en la cual se detallan las reglas que rigen la contienda. Uno de los rubros que incluye esa legislación es la vertiente de lo contencioso electoral, que tiene que ver con las condiciones en las que se desarrollan las elecciones y con los instrumentos que permiten realizar la defensa del voto. Sobre esa base define las posibles irregularidades que pueden presentarse durante el proceso electoral; establece las instancias que atenderán las inconformidades; y determina los requisitos, procedimientos y tiempos que deben cumplirse para que sea atendida una inconformidad.

La defensa del voto debe comprender todas las etapas del proceso electoral ya que en todas ellas pueden presentarse prácticas fraudulentas. Al efecto, conviene definir e instrumentar, con toda oportunidad, una serie de medidas y acciones que permitan contar con todos los elementos necesarios para realizar una sólida defensa.

Durante la etapa de la preparación de las elecciones, la defensa del voto consiste en verificar que la distritación, el registro de electores, la emisión de la credencial de elector, el registro de los candidatos, la documentación electoral, la integración de los órganos electorales, los gastos y mensajes de las campañas y en general, todas las actividades comprendidas en esta etapa, se realicen conforme a las leyes y procedimientos establecidos, de manera que no se favorezca de antemano el triunfo de un partido ni se condicione, coaccione o manipule a los electores.
La jornada electoral puede ser el momento más importante de la defensa del voto, si en la etapa anterior no se crearon las condiciones favorables al fraude electoral o al triunfo inequitativo de algún partido. Por eso es importante que cada una de las casillas cuente con representantes partidistas que puedan comprobar que el voto reúne las características mínimas de ser libre, secreto y directo, y que en el caso de alguna irregularidad, puedan actuar para subsanarla o en su caso, salvaguardar debidamente la posibilidad de presentar, en tiempo y forma, la inconformidad respectiva ante la instancia competente.
Una vez efectuada la elección, la defensa del voto debe seguir los cauces que la legislación electoral establece. También puede existir una defensa política del voto, paralela a las instancias legales, cuyo objetivo es exhibir ante la opinión pública las supuestas prácticas fraudulentas que condujeron al triunfo de un candidato y presionar a las autoridades electorales o judiciales para que emitan una resolución en su contra. Al efecto, se organizan mítines, marchas, tomas de instalaciones, plantones e, incluso, una guerra de papel a través de la prensa.
Defender el voto después de realizados los comicios, sólo tiene sentido cuando se tienen las pruebas de que se ha ganado, no cuando no se obtuvo el triunfo y sólo se pretende restar votos a los opositores para cambiar los resultados electorales o poner en duda la fuerza de un candidato demostrada ya en las urnas. Esto significa que no toda acción que aparenta ser una defensa del voto es legítima e inclusive legal.

La defensa del voto no sólo atañe a los partidos y candidatos, es un asunto de todos. De ahí que las organizaciones civiles, nacionales y extranjeras, formen brigadas de observadores electorales, que en general, están integradas por ciudadanos voluntarios comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la moralización de las prácticas políticas y la promoción de la democracia.