Es una forma de ejercicio del poder practicada entre los funcionarios electos y designados que consiste en otorgar nombramientos a sus partidarios políticos o recomendaciones para que se les conceda algún puesto dentro del gobierno o para que se les asignen contratos, concesiones, franquicias, licencias, préstamos blandos, subsidios, condonaciones de pasivos, bienes públicos privatizados a precios de remate, honores u otro tipo de favores especiales. Quienes los aceptan saben que quedan comprometidos con ellos. Así, su propósito es incrementar la fuerza política mediante el compromiso. En este sentido se entiende la frase de Jacob Arvey, "boss" de Chicago: "la política es el arte de hacer que la gente se obligue contigo".

Los poderes de patrocinio los tienen los ejecutivos del gobierno federal, estatal y municipal, los senadores, los diputados, los embajadores y en general, los altos funcionarios de todos los niveles del gobierno.

Quienes defienden el patrocinio argumentan que es un incentivo esencial en los sistemas de partido para estimular y recompensar la lealtad de los militantes que trabajan para un candidato. Asimismo, es un medio para contar con subordinados leales que apoyen sus puntos de vista y lo ayuden, mediante su desempeño, a cumplir sus promesas de campaña. Otros lo asocian al histórico y reprobable sistema de botín y argumentan que puede trabajar de manera eficiente en la administración, personal inteligente y bien entrenado, independientemente de que provenga de cualquier partido. Así, para algunos se trata de actos de corrupción; mientras para otros el término no implica, por sí mismo, venalidad, aunque en algunos contextos sugiere acciones incorrectas.

En lo que respecta a los puestos públicos, este poder de nombramiento puede estar restringido, por ejemplo, por la tradición, por algunos requerimientos legislativos o debe ser confirmado por una institución externa, como el legislativo. La esencia del patrocinio es la posibilidad de hacer una selección discrecional, en contraste con la selección por méritos u otros criterios establecidos. El patrocinio es posible cuando no existen requisitos específicos para ocupar un puesto o sólo hay que cubrir un mínimo de condiciones como el hecho de contar con un nivel de escolaridad específico o un tipo de profesión en particular.

El término proviene del latín patronus que significa protector o defensor. En la época medieval se utilizó esta palabra como el derecho que alguien tenía para designar a los clérigos que se harían cargo de las parroquias. Después la palabra se asoció a la protección de autores y artistas por parte de la nobleza y el clero. En el patrocinio político se combinan ambos significados.

El patrocinio ha sido una forma tradicional en que los líderes políticos aseguran su capacidad de contar con un sistema de apoyo de gente leal, que ponga en práctica sus políticas u organice a los votantes para permanecer en el poder; es también una de las mejores herramientas de los funcionarios de cualquier nivel para consolidar su poder y ejercer control sobre la burocracia. Por ejemplo, en Inglaterra en la época Victoriana y Eduardiana, por medio de la oficina del servicio civil de la Secretaría del Patronato de la Tesorería, se distribuían los favores que se les habían prometido a los apoyadores del gobierno, a cambio de sus votos, hasta que W.E. Gladstone, en 1832, pudo reducir el patrocinio por medio de las reformas al servicio civil y al ejército. Esta oficina todavía existe, pero su papel es supervisar que los honores políticos no se den a gente inadecuada como se hizo entre 1916 y 1922 cuando Lloyd George los vendía.

En los Estados Unidos. el patrocinio ha sido visto como un ingrediente necesario en la vida política, pero ha sido descrito por muchos presidentes como una tarea odiosa porque junto con el poder de patrocinio, se arrastra el estigma del favoritismo, nepotismo y deshonestidad. Se justifica como un medio de asegurar gente buena en el gobierno y de fortalecer al propio partido. Se explica con el argumento de que no se puede ofender a los partidarios, recompensando a sus oponentes.

Sin embargo, desde 1883, a nivel federal, se ha ido desplazando al patrocinio mediante reformas al servicio civil y la implantación del sistema de mérito para ocupar puestos públicos mediante la ley Pendlenton; pero sobre todo en los niveles locales, todavía continúan estas prácticas, que para algunos "pueden prohibirse pero no pararse".

En 1939, se aprobó la Ley Hatch que prohibió a los funcionarios federales participar en actos partidistas, como solicitar o manejar cuotas o fondos de partido, desarrollar acciones de proselitismo, participar como delegados en las convenciones, fungir como candidatos para un puesto de elección, encabezar movilizaciones o reuniones partidistas, organizar asociaciones políticas, etc. pero se mantuvo su derecho a ejercer el voto. La ley también protegió a los empleados federales de ser despedidos por motivos políticos, tales como rehusarse a proporcionar respaldo a candidatos o partidos. El propósito de Hatch fue evitar que los ejecutivos políticos manipularan a sus subordinados para apoyar a sus candidatos y obtuvieran continuidad en el poder de manera ilegítima.

La Ley fue enmendada en 1974 y su competencia se extendió hasta los empleados estatales que trabajan en proyectos financiados con fondos federales.

En 1976 y 1980, la Suprema Corte de Justicia consideró que el patrocinio violaba la Primera y Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución, pues no se podía despedir o amenazar con el despido a alguien sólo por no apoyar al partido en el poder, a menos que la afiliación partidista se considere un requisito para el desempeño del puesto. También dictaminó que la contratación, la promoción, la transferencia o la remoción tampoco podían basarse en la afiliación o el apoyo partidistas. En 1990, la misma Suprema Corte de los Estados Unidos decidió que el patrocinio tradicional en el empleo público era inconstitucional.

Tolchin y Susan Tolchin encontraron, después de una serie de entrevistas con personajes de la política norteamericana, que actualmente las presiones ya no son para obtener empleos públicos, sino para recibir toda clase de favores discrecionales dentro del gobierno a cambio de apoyo político. Asimismo, algunos presidentes ejercen el patrocinio social, que consiste en hacer uso del prestigio y status que les da el puesto para impresionar a las personas cuyo apoyo desean mediante la comunicación directa personalmente o por teléfono, de modo que muy pocas puedan decirle no.

En México, el patrocinio ha sido el medio principal, si no el único, de ocupar los puestos públicos de nivel medio y superior. La burocracia de base se incorporó al partido dominante desde que éste se fundó y a partir de entonces, se fue integrando el actual sistema de personal vigente, calificado como "servicio civil limitado o incipiente", que deja libre al patrocinio los cargos directivos, los cuales son considerados como de "confianza". Aun los sistemas profesionales como el servicio exterior, se han visto rebasados sistemáticamente por nombramientos efectuados mediante el patrocinio.

La esperanza de patrocinio, en la forma de nombramientos, contratos o cualquier favor, anima las elecciones. En especial, las grandes aportaciones de dinero, la participación activa en los actos de la campaña, el préstamo de locales, autobuses y equipos en general para las mismas campañas, son motivadas en alguna medida por los beneficios personales, de grupo o de empresa que se espera traerá el triunfo de un candidato.