Es la aportación de dinero para realizar una campaña. En cualquier democracia, el financiamiento de los partidos y de los candidatos afecta directamente el funcionamiento del sistema de partidos: restringe o amplía el acceso a la representación de distintas fuerzas o corrientes políticas; fortalece o debilita los partidos nacionales, privilegia al candidato o al partido en la relación con el electorado, etc. Sin embargo, no existe una correlación directa y mecánica entre el monto gastado en las campañas y los votos obtenidos, los candidatos y partidos con mayor dinero no siempre ganan, aunque tiendan a ello; tampoco hay correlación entre la cantidad gastada y la magnitud de la victoria; ni evidencia de que un perdedor hubiera ganado si hubiera gastado más que el vencedor; etc. Esto se debe a que los resultados electorales dependen de muchos factores, entre los cuales, uno solo de ellos es el dinero.

Generalmente, las leyes electorales establecen disposiciones acerca de la manera como legalmente pueden financiarse las campañas conforme a los principios de igualdad de oportunidades para que se manifieste el mayor número de opciones políticas; de prevención de que se privatice el interés general; y de extensa participación ciudadana de medianos y pequeños contribuyentes.

El financiamiento puede ser, según provenga del erario público o de las aportaciones de los particulares:

Público. Es el conjunto de recursos que aporta el Estado a los partidos políticos y candidatos, en forma de reembolsos, subsidios, subvenciones o prestaciones, durante los periodos electorales. Tiene dos ventajas principales: a). Impide que sean los intereses económicos los que determinen los candidatos, sus propuestas y sus acciones ya en el cargo, y b). Puede usarse para alentar la igualdad de oportunidades entre partidos y candidatos: Sus desventajas son: a). Grava el presupuesto gubernamental y b).Genera tendencias hacia la partidocracia, pues los partidos pueden desentenderse por completo de los electores y aun de sus militantes.

Como la partida más grande del financiamiento de las campañas comprende la compra de servicios de comunicación, también éste puede ser en especie: en tiempo de transmisión en radio y televisión, así como en franquicias de telégrafo y correo, etc. Este tipo de financiamiento tiene la desventaja de que carece de la flexibilidad que requieren las estrategias de las campañas para que pueda ser verdaderamente útil.

En las elecciones presidenciales del 2000, la Alianza por el Cambio, que triunfó, dispuso de un financiamiento público de $ 452,714,689.28 pesos, en tanto que el Partido Revolucionario Institucional, que le siguió en número de votos, obtuvo $ 455,120,507.44 pesos. El monto total del financiamiento público destinado a las campañas fue de $ 1,045,335,617.63 pesos.

Privado. Su mayor ventaja es que responsabiliza directamente a los partidos y candidatos ante sus militantes y electores con lo que se previene su corrupción interna, si es resultado de aportaciones pequeñas, accesibles para todos y de un gran número de ciudadanos. Su principal desventaja es que pueden predominar los intereses más poderosos y el dinero "sucio" si no está reglamentado; debe ser abierto, transparente y vigilado. Otra desventaja es que se convierte en objeto de ataque de la campaña negativa de los opositores. Cuando los partidos delegan a sus candidatos la recaudación directa de fondos, las campañas tienen que incluir la colecta de fondos como una de sus actividades más importantes.

Otro. Otra fuente de financiamiento para las campañas pueden ser las aportaciones que les brinden sus respectivos partidos, provenientes de las cuotas de sus afiliados y de las operaciones que los mismos partidos pueden realizar para allegarse fondos, como los sorteos y rifas, emisión de tarjetas de crédito con alguna institución que les otorgue una comisión por cada operación realizada, etc.
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Las regulaciones acerca del financiamiento y los topes a los gastos de campaña pretenden garantizar elecciones libres y al mismo tiempo evitar los abusos provocados por la manipulación del dinero y del poder económico.

Durante las elecciones del 2000, los topes de gastos de campaña establecidos en México fueron los siguientes: para presidente de la república $ 491,816,870.75 pesos y para diputado $ 738,737.27 pesos.

Sin embargo, la falta de regulación de las precampañas abrió la posibilidad de que los partidos manejaran sus recursos sin ajustarse a lo que la ley impide durante las campañas. En este contexto, los partidos de oposición PRI y PRD sostuvieron que la campaña de Fox, hoy presidente, se benefició de dinero de origen extranjero. El Instituto Federal Electoral (IFE) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información de varias empresas, alguna de ellas propiedad del jefe de su campaña. Pero la Secretaría se negó a informar debido al "secreto fiscal y bancario", y argumentó que para hacerlo requería una orden judicial. El consejo del IFE decidió (con excepción de los consejeros electorales Jaime Cárdenas y Jesús Cantú) dar por cerrado el caso al no encontrar nada culposo.


Además, siempre existe el riesgo de la infiltración en el financiamiento de las campañas del crimen organizado que busca complicidad y tolerancia. Según Leonardo Curzio (Crimen Organizado y Financiamiento de Campañas Políticas en México) el costo creciente de las campañas necesita del flujo millonario de recursos hacia las mismas y el crimen organizado requiere de protección policiaca, así como de movilidad y protección financiera para lavar ganancias e introducirlas al sistema económico legítimo, esta confluencia de necesidades ha actualizado el problema del financiamiento ilegal e ilegítimo de las campañas, como en el caso de Roberto Madrazo que gastó $36 millones de dólares en su campaña para gobernador de Tabasco en 1994, parte de los cuales fueron aportados por Carlos Cabal Peniche vinculado al narcotráfico.