Transición es un intervalo que se extiende de un régimen político a otro. La transición democrática comprende desde el inicio de la disolución de un régimen autoritario hasta el establecimiento y consolidación de alguna forma de democracia. Supone la existencia de algún tipo de autoritarismo y la introducción de formas y experiencias propias de la democracia. Para Cansino (La transición Mexicana 1977- 2000) en esa transición se pasa de un conjunto de arreglos institucionales y prácticas políticas definidos y controlados discrecionalmente por la elite en el poder, a otro acuerdo en el que la definición y el funcionamiento de las estructuras y prácticas políticas se someten a la discusión, están garantizadas por la Constitución y respaldadas por la participación ciudadana.

Según Huntington (The Third Wave), las olas democratizadoras se pueden producir por diferentes causas, tales como el surgimiento de un nuevo superpoder u otro cambio importante en la distribución internacional del poder; el desarrollo socioeconómico alcanzado que hace crecer la inconformidad con el autoritarismo de sectores cada vez más amplios de la población, así como sus expectativas de mayor libertad; el ejemplo de lo que sucede en otros países que hace nacer aspiraciones similares; la difusión de valores democráticos y de derechos humanos; o causas específicas como una alta y persistente inflación, una recesión profunda y permanente, el desorden social, una Iglesia Católica menos defensora del status quo, un conflicto militar, etcétera.

La democratización involucra el fin del régimen autoritario, la instalación de uno democrático y su consolidación. En cada una de estas etapas inciden diferentes factores, de cuya combinación dependerá el resultado del proceso.
El inicio del proceso de democratización implica una pérdida creciente de legitimidad de los regímenes autoritarios, que sustentada en la eficacia de su desempeño, se ve minada por los fracasos económicos, el incumplimiento de promesas o derrotas militares. Es entonces cuando, dada la carencia de logros, la gente ya no ve la razón por la cual tiene que soportar la falta de libertad. Asimismo, se genera la aspiración de parte de las élites políticas de instaurar la democracia. Ante la creciente inconformidad, los gobiernos autoritarios no reconocen sus errores, responden con represión, crean conflictos internacionales para unir a la población frente a un enemigo externo, intentan reformas políticas limitadas para obtener legitimidad democrática o bien, tratan de introducir sistemas democráticos.

El cambio hacia la democracia supone que el régimen autoritario ha perdido muchas de sus capacidades de dirección para conducir a la sociedad. La señal típica de que la transición ha comenzado es que los gobernantes autoritarios comienzan a modificar sus propias reglas para ofrecer mayores garantías para los derechos de los individuos y de los grupos.

La incertidumbre es una variable fundamental para entender la dinámica de las transiciones democráticas. La ambigüedad de las posturas políticas de los distintos actores (líderes, organismos no gubernamentales, partidos políticos, agencias gubernamentales, etc.) que intervienen en el proceso de negociación de acuerdos que aseguren la estabilidad futura del país, es uno de los rasgos más sobresalientes del fenómeno de la transición democrática. Esta ambigüedad de las estrategias de acción de los actores políticos provoca múltiples e inciertas alternativas de desenlace de la lucha política.

En esta lucha convergen diversos actores y factores, que tienen distinta importancia. Rustow (Transitions to Democracy) considera que la transición democrática es una lucha intensa y desgastante por ganar, en la cual mucho depende del talento, la voluntad y la capacidad de las élites para negociar un acuerdo que garantice un sistema de compartir el poder y de mutuo acomodo en interés de todas las fracciones principales; también Lijphart ha resaltado el papel decisivo de los acuerdos al nivel de la élite para hacer posible las llamadas democracias por asociación. Nohlen da más peso a los partidos políticos en tanto que situados éstos en una competencia libre y pluralista, pueden celebrar elecciones universales y libres para ocupar mandatos y funciones públicas, y así culminar la transición. Para Tarrow la gente tiene un papel determinante en las transiciones democráticas, pues las masas inducen a las élites a moverse ya sea hacia la democracia o hacia cualquier otra dirección; esto es, élites y masas interactúan estratégicamente, produciendo una mezcla volátil que a veces conduce al establecimiento de la democracia; de este modo, la transición puede ser entendida como un problema vinculado a la transformación y difusión de una cultura política de tipo participativo.

No hay reglas del juego político durante la transición democrática. Parte de la lucha de los actores políticos es justamente por definir estas reglas que determinarán quienes perdieron o quienes ganaron; asimismo, señala Huntington (El Orden Político de las Sociedades en Cambio), en la transición los líderes en el poder y en la oposición desafían el status quo y subordinan los intereses inmediatos de sus seguidores a las necesidades a largo plazo de la democracia, sin caer en las provocaciones de los radicales de ambos bandos. El riesgo de confrontación y pérdida, así como el acuerdo de que nadie perderá todo, los estimula a negociar la manera en que compartirán o competirán por el poder; los opositores saben que no serán aprehendidos y los gobernantes que no irán al exilio. Ambos tienen conciencia de que la democracia es la menos costosa para los dos y tratan de cooperar para establecerla sin violencia.

Dice Hungtinton que la democracia se hace con los métodos de la democracia: negociaciones, compromisos y acuerdos; manifestaciones, campañas y elecciones. Los líderes gobernantes y en la oposición reconocen que en política nadie tiene el monopolio de la verdad y la virtud

Para O'' Donell y Schmitter (Transiciones desde un Gobierno Autoritario) la transición pasa por varios procesos: la liberalización en la que se redefinen, amplían y se vuelven efectivos ciertos derechos frente a actos ilegales o arbitrarios del Estado; y la democratización, en la cual las normas y procedimientos de la ciudadanía son aplicados a las instituciones políticas antes regidas por otros principios, o son ampliados a individuos que no gozaban de ellos, o bien a instituciones que antes no participaban en la vida ciudadana. Ambos procesos no siguen una lógica ni son irreversibles, pero guardan entre sí una estrecha relación histórica, de modo que puede haber liberalización sin democratización, aunque a medida que avanza la liberación, las demandas de mayor democracia crecen.

Llegada la etapa de la democratización, el proceso debe avanzar hacia el logro de una igualdad más allá de la mera forma, para producir una igualdad sustantiva en los beneficios. Se trata de una "socialización" que conduzca a una democracia social que convierta a los ciudadanos en actores decisivos de la vida política por una parte, y por la otra, a una democracia económica que asegure el suministro de beneficios iguales a la población.

Es preciso que la democracia se logre sin movilizaciones violentas o rupturas espectaculares, so pena de reducir las perspectivas de instaurarla. En ese sentido es preferible una transferencia del poder o una entrega del mismo, que un derrocamiento de quienes ocupan el poder. Por eso Hungtinton considera que la condición principal de la transición es la capacidad del sistema para transferir el poder pacíficamente a los actores políticos emergentes; si la transferencia del poder se hace a un grupo anteriormente excluido, entonces puede hablarse de una transición democrática exitosa.

En cuanto al desenlace de las transiciones Huntington sostiene que éstas pueden asumir tres modalidades de acuerdo, las cuales dependen de las negociaciones oposición-gobierno y de la fuerza de cada una de las partes: a) reforma, transición o transformación; la reforma sólo ocurrirá cuando los reformadores del gobierno son más fuertes que los conservadores del gobierno y deben dominar para que sea exitosa la transición; b) ruptura, sustitución o colapso; la oposición es más fuerte que el gobierno y deben dominar, para que sea exitosa la transición, los moderados sobre los extremistas en la oposición; c) retirada, es central la interacción entre reformadores del gobierno y moderados de la oposición, cada uno debe ir dominando o controlando a los grupos antidemocráticos ubicados en sus respectivos extremos.

La transición termina cuando la anormalidad ya no es la característica central de la vida política, cuando los actores se han asentado y obedecen una serie de reglas más o menos explícitas para acceder a los roles del gobierno, acerca de los medios que pueden emplear y de los procedimientos para tomar las decisiones. Como dice Linz, cuando no hay ningún actor político (partido, grupo de interés, fuerza o institución) que considere que hay otra vía diferente a la democrática para obtener el poder. Por lo tanto, una transición democrática finaliza cuando es posible la alternancia partidista en los hechos y la alternancia en el poder puede asegurar cambios de las políticas públicas.

Para O''Donell y Schmitter la transición llega a su fin "cuando los activistas políticos llegan a confiar en que cada cual jugará de acuerdo con las reglas fijadas y el conjunto de reglas es lo que llamamos un régimen". La consolidación democrática es la resultante de las transiciones exitosas y termina con la incertidumbre y provisionalidad, que es característica de los procesos de transición.

Przeworski ha planteado qué tanto las transiciones conducen o no a democracias autosostenidas, es decir, a regímenes en donde las fuerzas políticas protagónicas sujetan sus intereses y valores al juego incierto de las instituciones democráticas y respetan los resultados de los procesos democráticos. El respeto a las reglas del juego puede determinar un mayor o menor grado de tensión o conflictividad. Przeworski y Sartori coinciden en señalar que la transición a la democracia es exitosa si se instaura una democracia autosostenida, en donde la mayoría de los conflictos se ventilen a través de la constelación de instituciones democráticas.

Para Linz (The Breakdown of Democratic Regimes) no son las circunstancias sino las acciones de los gobernantes las que pueden obstaculizar la instauración de un régimen democrático. Los obstáculos más frecuentes son: la tendencia a acusar al régimen previo de todos los problemas acumulados; la euforia inicial que motiva a creer que los problemas se pueden resolver sólo con buena voluntad; la carencia, de parte de la nueva élite política, de soluciones precisas y de estrategias claras para vencer la resistencia al cambio; la inestabilidad de las coaliciones que lograron instaurar el nuevo régimen; la tendencia a legislar sin considerar la disponibilidad de recursos y las consecuencias negativas de esas medidas; la tendencia a concentrarse en el debate legislativo y la falta de capacidad y experiencia administrativa para llevar a la práctica medidas congruentes.

Transición democrática y elecciones

Para Huntington, lo que define a la democracia es la selección de dirigentes por la misma gente que ellos gobiernan, mediante elecciones libres, periódicas y competitivas. En este sentido, las elecciones son el medio y el propósito de la democratización, son la vida de la democracia y la muerte de la dictadura, ya que cuando su legitimidad declina, los gobiernos autoritarios tratan de renovarla mediante elecciones, con la esperanza de prolongar el régimen, el gobierno o el grupo en el poder por medio de la confrontación en las urnas contra grupos opositores que consideran incapaces de ganar la votación; pero generalmente las pierden si se realizan con libertad, porque los electores usan el voto para protestar contra el autoritarismo y porque los gobernantes se ven impedidos, aunque lo intenten, de manipular o robar los votos impunemente, dada la presión de los opositores y la atención internacional puesta en los comicios.

Durante la transición democrática, según Fernández Baeza, las elecciones cumplen las siguientes funciones:

1) Constituir una demostración objetiva y tangible del cambio político y del avance hacia la democracia.
2) Moldear el sistema político que se está construyendo.
3) Integrar a los grupos antes excluidos en el nuevo sistema político.
4) Integrar valores comunes en la sociedad.
Asimismo, las elecciones, de acuerdo con la fase por la que transcurra la transición, pueden tener diferentes efectos según la función que realizan en el proceso de democratización: de deslegitimación del autoritarismo; de legitimación del nuevo régimen; de expresión de la representación política de los partidos; de elección del gobierno; y de consolidación de la democracia, que con frecuencia implica llevar a cabo la primera alternancia en el poder.

La regresión al autoritarismo

Históricamente, todo cambio político importante ha implicado violencia. La transición democrática también genera violencia política, pues quienes se benefician del autoritarismo y los grupos revolucionarios acuden a ella para impedir la transición o la consolidación de la democracia instaurada, cuya fragilidad institucional se aprovecha para intentar la vuelta al autoritarismo. La regresión puede facilitarse porque aun no existe suficiente arraigo de valores y convicciones democráticas entre las élites políticas y la población en general, porque los grupos extremistas quebrantan la ley y socavan sistemáticamente el orden institucional, y porque las crisis económicas aparecen a los ojos de la gente como sólo solucionables mediante mecanismos autoritarios, cuya eficacia es la única que ellos han conocido. El riesgo está presente en cualquier proceso de democratización; por eso, algunas transiciones democráticas finalizan con el regreso al autoritarismo, pues sólo una democracia sólida puede resistir el embate de sus múltiples enemigos.

Para la consolidación de un sistema democrático tienen que resolverse distintos tipos de problemas. Durante la transición: el establecimiento de nuevas leyes y sistemas electorales, el reemplazo de instituciones, organismos y funcionarios que eran funcionales al autoritarismo, el trato que se dará a quienes han cometido delitos y violaciones (castigo, olvido, perdón), la reducción del ejército a los cauces constitucionales (despolitización y profesionalización), la separación del partido antes dominante del gobierno que estaba en el poder (servicio civil), la difusión y arraigo de comportamientos y cultura democráticos, etc. Durante el ejercicio del nuevo gobierno, los problemas acumulados por los gobiernos anteriores, cuya no solución puede propiciar la vuelta al autoritarismo por la desilusión popular ante la "ineficacia demostrada" de la democracia: inflación, desempleo, pobreza, guerrilla, recesión económica, deuda externa, etc. Otro tipo de problemas que se tienen que enfrentar son propios de toda democracia: conflictos políticos periódicos, demagogia, demora en la toma de decisiones políticas, predominio de los intereses económicos existentes, escándalos, etc. Si estos problemas no son resueltos adecuadamente la democracia corre el riesgo de una regresión al autoritarismo.

La transición democrática en México

Para Lujambio (El Poder Compartido) la transición significa un proceso de aprendizaje para los ciudadanos, quienes en elecciones sucesivas aprenden a ejercer el poder del sufragio realmente efectivo, pero también, por supuesto, para los partidos "...En consecuencia, la transición a la democracia en México ha de entenderse como el paso de un sistema de partido hegemónico en elecciones no competitivas a un sistema multipartidista en elecciones competitivas... supone, dada la estructura constitucional del país sobre la que se construye (separación de poderes, federalismo, municipalismo), el paso del ejercicio monopólico del poder, al ejercicio del poder compartido".

Cansino (La Transición Democrática Mexicana 1977-2000) señala que debe distinguirse entre liberalización política y democratización. La primera es "un proceso de apertura gradual y controlada de un régimen autoritario, instrumentado por la élite en el poder como respuesta institucional a la emergencia de factores de diversa índole que han puesto en riesgo la estabilidad o la propia continuidad del régimen...se flexibilizan en una dirección supuestamente democrática, los límites sociales impuestos al pluralismo social y de partidos, y a la competencia política, pero sin extenderse ni reconocerse plenamente sus prerrogativas. La democratización, por su parte, constituye un proceso de efectiva ampliación de derechos políticos y civiles, producto de acuerdos o negociaciones (y reconocimiento) prácticamente de todas las fuerzas políticas actuantes, y cuyo desenlace lógico lo constituye la instauración de un arreglo institucional, normas y valores reconocidamente democráticos". Sin embargo, la liberalización no necesariamente conduce a la democratización, puede llevar al colapso o a la reconsolidación del autoritarismo. En México, la liberalización se inicia en 1997 con la reforma electoral de López Portillo. Ahora, con la alternancia en la presidencia de la república, resultado de las elecciones del año 2000, se han abierto opciones a la democratización.

Por su parte, Becerra, Salazar y Woldenberg (La Mecánica del Cambio Político en México) consideran que la transición es un cambio diferente a la revolución, no súbito sino que se desarrolla por etapas; un cambio negociado entre actores que no tienden a rupturas definitivas sino al diálogo y al compromiso; y que se centra en la negociación de "las reglas del juego", no definidas y que constituyen la parte medular del litigio político, esto es, una transición centrada en lo electoral.

A partir de lo electoral se alteraron y siguen alterándose otros ámbitos de la vida nacional, de modo que las elecciones se convirtieron "en la ocasión y la forma privilegiadas mediante las cuales se ejercen y reafirman los derechos y las libertades políticas". Fueron las reformas electorales las que desterraron el fraude electoral (por medio de la creación del Instituto Federal Electoral entre otras medidas), y las que permitieron emerger la verdadera pluralidad política de la nación y que ésta pluralidad se organizara en partidos políticos, que se convirtieron en agentes fuertes, privilegiados y bien financiados del proceso electoral, legislativo y de la propia transición, lo cual generó una nueva realidad política.

Así, "por primera vez están presentes las herramientas, y en general, las condiciones sociales que faltaron en otras épocas para construirla (la democracia): un sistema de partidos fuerte, unas instituciones electorales sólidas, una opinión pública libre y que despliega su capacidad de crítica, una ciudadanía alerta que ha encontrado en el voto un instrumento tanto de inserción en el presente como privilegiado de participación, y una exigencia internacional (de ser democráticos)...".

En comparación con los cambios políticos de los países de Europa del Este, para Bizberg y Frybes (Transiciones a la Democracia, Lecciones para México) las transformaciones políticas que está sufriendo México tienen las siguientes diferencias:

1) El Partido Revolucionario Institucional, partido único durante una época y dominante después, nunca se planteó una misión metahistórica, sino sólo la modernización del país.
2) El régimen nacional-popular tenía como principal función la intermediación entre los distintos sectores sociales que la modernización enfrentaba entre sí, para lo cual requería un Estado fuerte capaz de controlar la vida política, de modo que no era esencialmente antidemocrático, sólo creía que no había condiciones para la democracia, dada la debilidad de los actores sociales y la heterogeneidad de la sociedad.
3) En consecuencia, el Estado nacional-popular se proponía actuar como agente de organización e institucionalización y confiaba en que la misma modernización iría permitiendo que, al disminuir la heterogeneidad social, ésta pudiera ser administrada de manera democrática.
4) En el nuevo contexto de la economía mundial, el régimen nacional popular se desgastó debido a la cancelación de las posibilidades de desarrollo, lo que obligó al Estado a abandonar su papel de agente del desarrollo nacional, en beneficio de los sectores de punta del capital extranjero.
5) Los intentos por instaurar un nuevo régimen económico totalmente opuesto al del Estado nacional-popular prevaleciente, vació de poder y de legitimidad al régimen político existente.
6) Las élites dirigentes no parecen aceptar el cambio político, sino combatirlo; la oposición no luce capaz de lograr el cambio de régimen; tampoco las élites y actores sociales muestran capacidad de institucionalizar los conflictos sociales y menos de construir un nuevo pacto social.
7) "El que la transición mexicana se dirija hacia un nuevo pacto nacional o hacia una creciente descomposición y como resultado hacia más vacíos de poder que sean llenados por la violencia, dependerá de la medida en la cual los actores políticos puedan extender sus proyectos y su acción en el ámbito social, alejándose de sus preocupaciones exclusivamente políticas, y los actores sociales y culturales puedan hacer prevalecer su dimensión social y cultural central al resto de las fuerzas sociales y políticas".
8) "Ahí donde han existido actores sociales y políticos lo suficientemente bien estructurados para establecer un nuevo contrato social, se ha producido una recomposición social y política. Ahí donde hay densidad social, donde las fuerzas sociales y políticas representan más bien intereses de grupos o sectores específicos que agentes sociales, donde las fuerzas políticas están enfrascadas en una lógica exclusivamente electoral, sin una real vinculación con las fuerzas sociales, y las élites luchan por el poder sin un proyecto de qué hacer con él, se produce la descomposición social, a pesar de que puedan mantenerse vigentes formas electorales pluralistas".

Otro factor determinante asociado a la transición democrática, es la economía internacional que afecta a México como país dependiente. Las políticas económicas de corte neoliberal que las democracias recientemente inauguradas se ven obligadas a orquestar constituye un problema social muy grave, ya que dañan a grandes sectores de la población, lo que repercute directamente durante los tiempos electorales, dado que nadie está dispuesto a apoyar con su voto a un partido que no responde a las expectativas de bienestar social de la comunidad política. El dilema es claro y complicado para los gobiernos: ¿cómo emprender políticas de ajuste, que se ganan el rechazo popular e incluso fracturan la identificación de la sociedad con la democracia, cuando su tarea primordial es precisamente consolidar la democracia?

En suma, con la alternancia de distintos partidos en algunos gobiernos municipales, estatales y sobre todo, en la presidencia de la República, se abrieron posibilidades para la democracia en México. Sin embargo, transcurridos cinco años del “gobierno del cambio”, las esperanzas de democratización, de lucha contra la corrupción, de crecimiento económico y de una administración pública austera, honesta, eficaz y responsable, que sustentaron la alternancia, no sólo no se cumplieron, sino que en esos campos como en otros, han existido retrocesos. Las colusiones con los poderes fácticos opuestos al cambio democrático, como sindicatos corporativos y medios electrónicos, por ejemplo, han fortalecido los obstáculos a la democratización. Los escándalos, despilfarros y negocios amañados en los que se involucra a la “pareja presidencial” o a sus familiares, no tienen precedente desde los años del primer presidente priísta Miguel Alemán. La creación de empleo nunca se ha acercado al millón anual prometido; tampoco el crecimiento económico al 7% anual ofrecido en la campaña. El FOBAPROA no fue saneado y sus bienes, así como las empresas públicas que sobrevivieron al régimen priísta, siguen siendo subastados con desaseo. El gobierno de empresarios, no trajo la economía, la honestidad y la eficiencia que supuestamente caracterizan a la empresa privada, sino sólo funcionarios generosamente pagados, pero más improvisados y menos eficaces que los de los gobiernos anteriores. Por otra parte, ningún gobierno priísta hizo tanto uso de la propaganda (a pesar de la criticada Hora Nacional y de las cadenas nacionales para el Informe presidencial) como el del presidente Fox que trata de convencer de sus “logros” y de que “México ya cambió” inventando un pasado truculento que según él ya se ha superado mediante la acción de su gobierno. Con una propaganda tan costosa, extensiva e intensiva, como engañosa, pretende mantener su aceptación efímera como las encuestas que la registran, persuadir a “seguir por este camino” (el del PAN) y evadir el voto de castigo a su partido en las elecciones de 2006. Además, las propias élites financieras, legislativas, judiciales, partidistas, burocráticas, educativas y hasta culturales, beneficiarias de las políticas implantadas por los gobiernos del PRI y que FOX, más que cambiar, continuó y profundizó, se aprestan a dar la batalla por mantener el status quo por diversos medios: desde la propaganda incesante y las declaraciones a la prensa para infundir temor al “populismo”, hasta reformas legales que den “autonomía” a instituciones financieras o nombramientos adelantados que maniaten al próximo presidente, si es de izquierda, y prolonguen el establishment otro sexenio. Se trata de una política de contención a largo plazo que impida alterar los privilegios de unos cuantos, aun a costa de entregar más al país a los intereses internacionales. A un año del relevo presidencial, el camino por recorrer hacia la democracia aun es largo y está lleno de resistencias poderosas. El desenlace de la llamada transición mexicana sigue incierto. '