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GRUPO DE PRESIÓN |
| Es un grupo de interés que se esfuerza por influir en las decisiones gubernamentales, legislativas, judiciales, de los partidos y de la ciudadanía en general. Se trata de un conjunto más o menos homogéneo de individuos cuyos intereses comunes se enfrentan a los intereses de otros grupos sociales, y que intenta conseguir del poder constituido, por diferentes medios, con éxito o sin él, decisiones favorables para sus intereses, a los cuales presenta como de interés general para toda la sociedad, pero que, de ninguna manera, la consecución de sus fines lo llevaría a la toma de los puestos de decisión política. En alguna medida, la polìtica gubernamental es el resultado de un paralelograma de las fuerzas de los distintos grupos. En este paralelogramo actúan los grupos de presión, se consideran una especie de representación política diferente y su actividad no está completamente al margen de la ley, pero sí queda fuera de sus muchas reglamentaciones. Los grupos de presión varían considerablemente en tamaño, riqueza, poder y objetivos. Si existen instituciones fuertes, procedimientos públicos y debate abierto, así como consciencia popular del interés público, la acción de los grupos de presión es limitada. En realidad, ellos ponen las condiciones y las reglas de su propio actuar político conforme a su fuerza, cuando no existe una fuerte tradición institucional, una difusión amplia de las cuestiones políticas y una cierta conciencia ciudadana . Además, procuran permanecer ocultos, actuar a través de intermediarios y no asumir responsabilidad política alguna. Así, pueden ganar poder por encima de partidos, legislaturas y burocracia en la toma de decisiones. Su poder depende de las siguientes variables: densidad (relación miembros actuales y potenciales), riqueza, prestigio, organización (poder de movilización), influencia socioeconómica (capacidad de romper el orden social), militancia, información y destrezas especializadas, así como fuerza electoral (posibilidad de apoyar a partidos y candidatos de manera importante). Los más poderosos tienen una base económica, sean empresariales, laborales o profesionales, disponen de vastos recursos, de gran número de miembros, de alto prestigio, gran organización, de una posición política estratégica o de poder para movilizar a importantes sectores del electorado. Nogueira Alcalá propone distinguir a los grupos de presión conforme a los siguientes criterios: si se trata de un conjunto de individuos o de grupos; si se integran masivamente o por cuadros; si están dedicados o no exclusivamente a ejercer presión; si sus propósitos son amplios e ideológicos o seccionales y específicos; si son públicos o privados; si son nacionales o internacionales; si ejercen presión directa o en nombre de otros (por contrato); y si la presión que realizan es material o simplemente moral. Su principal estrategia es identificar las instituciones y personas clave más accesibles a su influencia para lograr sus propósitos. Si la cabeza no es accesible, buscan en los siguientes niveles. Sus tácticas pueden ser legales e ilegales, según se trate de presionar al Ejecutivo, al Legislativo, a los partidos poderosos o a la opinión pública. En el Ejecutivo pueden lograr ser incluidos en los consejos directivos o consultivos de los órganos que les interesan o intervenir en las consultas o mecanismos de participación que éstos organicen. Asimismo, pueden reclutar funcionarios pùblicos de las burocracias privadas y viceversa, así como ofrecer favores y regalos (no necesariamente dinero) a los funcionarios sujetos a la presión. En el Legislativo pueden participar en las sesiones de los comités, introducir a sus miembros en los cargos de elección popular, o hacer cabildeo, es decir, entablar contacto con los legisladores para persuadirlos de que aprueben medidas que los favorezcan o detengan las que los perjudiquen, aportar recursos para las campañas, proporcionar a los legisladores facilidades para que cumplan mejor sus labores, organizar manifestaciones de masas frente a los legisladores para impactar en la opinión pública, etc. En los partidos, los grupos de presión pueden hacer tratos con sus miembros destacados, financiar las actividades partidistas, hacer cabildeo en los órganos dirigentes. En la opinión pùblica, tratar de generar en los medios masivos una opinión favorable acerca de los asuntos que les interesan o una condena de aquellos que quieran que reciban la repulsa del público. Sus métodos de lucha son la persuasión (información, cabildeo, relaciones públicas y propaganda), la corrupción ("electorerismo", cohecho y soborno) y la intimidación (chantaje, presión y difamación). Meynaud (Los Grupos de Presión) sintetiza sus tácticas de lucha de la siguiente manera: primero, la persuasión que consiste en afirmar que lo pedido es de interés general; segundo, las amenazas, que son verdaderos actos de chantaje velados o abiertos dirigidos a un político o partido; tercero, la corrupción que es la compra de decisiones mediante financiar partidos, campañas y candidatos o inclusive subvencionar organizaciones paramilitares; cuarto, el sabotaje que es la negativa a cooperar con las autoridades o impedir y complicar el trabajo administrativo público, como la fuga de capitales, la no inversión y similares; y quinto, la fuerza que puede devenir en insurrección en tanto que se desafía de hecho al Estado. Los grupos organizados que presionan sobre los centros de decisión han existido desde el surgimiento de la política. Sin embargo, en la democracia, la libertad de asociación y el derecho de petición permiten que ciertos grupos ejerzan influencia sobre instituciones y funcionarios gubernamentales para que operen a favor de sus intereses particulares, y que hoy irónicamente, amenazan la confianza pública en la democracia porque hacen predominar sus intereses a costa del interés general. Al respecto escribió Burdeau: "el poder siempre tuvo clientes ávidos de obtener ventajas. Las instituciones democráticas permiten que estos clientes se comporten como dueños, ya no se limitan a solicitar, exigen". En teoría, los grupos complementan la tarea de los partidos e inclusive algunos de ellos se han convertido en partidos, como el Laborista inglés y viceversa; representan una gama de intereses que no son tomados en cuenta por ellos, matizan las ideologías partidistas y recogen problemas de interés sólo para sectores específicos no para la comunidad en su conjunto, de modo que "si todos los grupos participan con paridad en la política, todos los intereses individuales estarán representados en las decisiones políticas" (Colhoun, A Disquisition on Government). Así, se concluye que los grupos se equilibran uno con otro de modo que se evita que alguno de ellos ejerza una influencia dominante; en igual sentido, la teoría pluralista considera que si existe competencia, ningún grupo de interés tiene probabilidades de dominar de modo permanente. En la práctica, la dualidad entre quienes ocupan el poder y quienes sólo desean obtener los beneficios de éste, ha hecho posible que se hable desde los tiempos de Lasalle de los "factores reales de poder", de los intereses creados, de la existencia de un gobierno invisible, de un imperio anónimo, del poder del dinero en la política, de una tercera cámara, de arreglos tras bambalinas, del que gobierna pero que no manda, del gobierno de la minoría organizada sobre la mayoría desorganizada y, en materia de elecciones, de que los votos dan el gobierno pero no el poder. Para algunos, el abuso de la defensa de los intereses privados conduce a la tecnocracia. Asimismo, mientras los parlamentos son elegidos en nombre de la Nación y la administración pública y la justicia se ejercen y se imparten, en teoría, en forma general y equitativa, los grupos de presión mejor organizados y financiados tergiversan su acción. Además, si el sistema formal de representación resulta ser inadecuado, los grupos de presión adquieren una representatividad de los valores de la comunidad mayor que la de los partidos. Señala Julieta Guevara respecto a la presión de los grupos de interés sobre la administración pública: "cada dependencia mantiene una interacción funcional y de representación con los grupos de interés, y no pocos funcionarios conciben su labor como de servicio a estos grupos. De esta manera, la asignación de funciones y de autoridad a las entidades públicas tiene también implicaciones políticas. Por lo regular cada dependencia corresponde a un grupo o tipo de apoyo organizado que presiona sobre él: industriales, banqueros, comerciantes, sindicatos, campesinos, etc. Estos grupos de interés pugnan por obtener un arreglo organizacional que les permita el mayor acceso a quienes toman las decisiones para intentar influir en la formulación de políticas. De ahí la demanda permanente de controlar a la burocracia con instituciones políticas fuertes para evitar que, en unión con los grupos de interés, rebase el poder de los órganos democráticos representativos". Añade Lowi que las dependencias burocráticas frecuentemente son "capturadas" por los mismos grupos que pretenden regular, de modo que se vuelven incapaces de distinguir entre el interés público y el interés de esos grupos. Lo que es bueno para el grupo se convierte en bueno para la Nación a los ojos de la burocracia. Asimismo, rara vez las dependencias encuentran grupos capaces de equilibrarse entre sí y normalmente están a merced de un sólo grupo importante.  En suma, el problema es que cada grupo tiende a creer y hacer creer que sus intereses propios coinciden con lo justo y con el bienestar general y viceversa; es famosa la frase: "lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos".Es por todo eso que se critica la acción de los grupos de presión en la democracia, ya que tuercen la voluntad popular y generan status especiales mediante el cabildeo y el corporativismo, imponen una visión parcial de la realidad y provocan la desagregación del interés general. El problema, según Sauvy, es que la suma de los intereses privados no constituye el interés general, además, la desigualdad entre los grupos genera un desequilibrio profundo e injusto en el que la defensa más débil es la del interés general. Señala Key: "pocos grupos privados defienden medidas más amplias que las de su propio interés, salvo cuando un interés mayor coincide, fortuitamente, con el suyo más pequeño". Así, los grupos de presión poderosos fragmentan la labor del gobierno y no compiten y forman alianzas entre sí y con las dependencias gubernamentales y fracciones parlamentarias para promover el interés público, sino para imponer el suyo propio (Lowi). El hecho es que las decisiones políticas, cada vez más, tienden a ser resultado de la interacción entre los grupos de presión, las burocracias públicas y la llamada clase política que está lejos de perseguir el interés público; y que los partidos ganan amplio poder durante periodos cortos, mientras que los grupos conquistan estrecho poder durante largos periodos. El debate sigue abierto, el problema es si el pueblo seguirá convencido de que el sistema es representativo y justo. En todas las época de la historia han existido asociaciones voluntarias de individuos que se agrupan para defender sus intereses. Pero los actuales grupos de presión, bien organizados y financiados, aparecieron en el siglo XIX al margen de las teorías democráticas y son característicos de las sociedades capitalistas. Desde las primeras décadas de este siglo XX, se les ha considerado como fuerzas poderosas invisibles pero peligrosas para la democracia que tenían que ser sujetas a la ley; por eso, en Estados Unidos se legisló después de la Segunda Guerra Mundial, para que los representantes de grupos de interés que realizan labores de cabildeo hicieran públicas sus actividades y los intereses a los que servían, bajo el supuesto de que si estaban expuestos al examen público no dañarían a la democracia: Hoy el cabildeo es una actividad reconocida y ejercida profesionalmente, contratada por las grandes corporaciones y hasta por algunos gobiernos extranjeros (el mexicano inclusive durante el gobierno de Zedillo). También en algunos países, se incorpora a los principales grupos de presión en órganos consultivos o de decisión en materia de política económica (en México fueron los llamados pactos) integrados por representantes del capital, del trabajo y del gobierno. Asimismo, en algunos órganos legislativos (el Senado de Irlanda, por ejemplo) se establece una representación corporativa, en la cual se otorga participación de acuerdo a criterios económicos, técnicos y hasta culturales. |