Se refiere a un gobierno en el cual partidos políticos diferentes controlan los poderes legislativo y ejecutivo como resultado del voto escindido de grupos importantes de electores. Esta situación sólo puede darse en los regímenes de separación de poderes.

En México, como resultado de las elecciones de 1988, el partido gobernante, PRI,  perdió la mayoría calificada; en 1997 perdió también la mayoría absoluta, aunque conservó la mayoría relativa. En las elecciones del 2000, la Alianza para el Cambio (PAN/PVEM) ganó la presidencia de la república, pero sólo obtuvo 223 curules en la Cámara de Diputados de un total de 500 y 51 escaños en el Senado, de un total de 128, en tanto que el PRI, que perdió la presidencia, tuvo 211 y 60 respectivamente, por lo que el nuevo partido gobernante, PAN,  quedó como segunda minoría en ambas cámaras. En las eleciones de 2003 el PAN perdió 12% de las curules de la Cámara baja, de modo que el conjunto de la oposición ganó la mayoría calificada.   Para Lujambio (El Poder Compartido), este mismo fenómeno de "gobierno dividido" se ha manifestado también a nivel de los Estados, en los cuales el partido del gobernador no cuenta con la mayoría de los escaños en el congreso local, dado el aumento de la competitividad electoral. El "gobierno dividido" supone la necesidad de construir coaliciones legislativas plurales y en general, obliga a "arribar a acuerdos para tomar cualquier decisión parlamentaria, entre partidos en el congreso y /o poderes (legislativo y ejecutivo)".

Además, origina fenómenos novedosos en México, como el veto de los ejecutivos a iniciativas ya aprobadas por los legislativos, o las controversias constitucionales que tienen que resolver los poderes judiciales. Al mismo tiempo, otorga nueva visibilidad a las instituciones representativas, de modo que los partidos se ven forzados a explicar públicamente sus posiciones, lo cual fortalece su responsabilidad ante la ciudadanía y a largo plazo, aumentará la calidad del gobierno.