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6 de julio de 1988: El fraude ordenado por Miguel de la Madrid. Cuautémoc Cárdenas (2004)

...1988 está muy atrás en el tiempo. Como actor y observador de acontecimientos importantes en la vida del país de esa fecha para acá, quisiera compartir algunos recuerdos y reflexiones que en estos días me ha provocado la lectura del editorial de un diario estadunidense comentando sobre lo que expresa Miguel de la Madrid en un libro de reciente aparición.

¿Cómo se llegó al fraude electoral de 1988? ¿Qué sucedió para llegar a ese hecho?

El gobierno de Miguel de la Madrid había puesto en marcha, y así se reconoció públicamente, una política de destrucción consciente y sistemática de todo lo que tuviera que ver con los logros positivos de la Revolución Mexicana, sin ofrecer alternativas que tuvieran por base otras ideologías y otras políticas para la solución de los grandes problemas del país y de la gente....

Y llegó el 6 de julio.

La jornada electoral estuvo plagada de delitos, atropellos e irregularidades, como lo estuvo todo el proceso, desde la violencia que se desató el día de las elecciones en innumerables casillas hasta el día en que se calificó la elección presidencial en la Cámara de Diputados, pasando en ese lapso por los comités distritales, donde se concentraron los paquetes de votos, los centros de cómputo oficiales y los colegios electorales.

Los resultados oficiales de la elección empezaron a recibirse en el centro de cómputo de la Comisión Federal Electoral -la autoridad electoral de entonces- por la tarde del día de las votaciones y a transmitirse a la sesión que ésta celebraba, presidida por el secretario de Gobernación, en la que estaban los representantes de todos los partidos. Los números que llegaban de la elección presidencial no estaban resultando favorables al PRI sino al FDN.

En un momento dado, la autoridad empezó a dar a conocer los datos supuestamente oficiales del distrito con cabecera en Tula, Hidalgo, y el representante del PARM, uno de los partidos del frente, exhibió el acta del escrutinio correspondiente a la elección en ese distrito, firmada por los representantes de todos los partidos, incluyendo al PRI, que eran radicalmente distintos a los reportados por la comisión electoral. En ese momento se cayó y se calló el sistema -esto es, el sistema oficial de cómputo electoral-. Ese fue el momento en el que llegó la instrucción del presidente de no dar más información a la opinión pública sobre cómo estaban moviéndose las cifras electorales. "Cuando eso ocurrió -asienta De la Madrid en su libro- se dejó de dar dicha información, pues los funcionarios de los comités distritales se dedicaron de lleno a analizar y computar las casillas que les correspondían, a fin de llegar al resultado oficial". Fueron los días, debe decirse, no para analizar y computar, sino para manipular las cifras electorales y ponerlas a tono con el fraude.

La caída y el silencio del sistema de cómputo electoral se prolongaron por varios días.

Sin embargo, se empezaron a conocer cifras de la elección. Los representantes de los partidos del FDN en casillas y en los comités distritales empezaron a enviar datos a los centros de cómputo de los partidos y a rescatar actas en las que se consignaban los resultados reconocidos de la elección. Con esas informaciones se pudo saber cómo iban fluyendo los conteos de votos.

El número total de votos oficialmente reconocido para todos los candidatos presidenciales fue de 19 millones 143 mil 12. Una visión retrospectiva de cómo se fueron conociendo los datos de la elección se da a continuación:

El 7 de julio, día siguiente al de la elección, el FDN tenía datos que sumaban 2 millones 724 mil 7 votos, que se distribuían 26.61 por ciento para el PAN, 26.76 por ciento para el PRI y 40.16 por ciento para el FDN.

El 9, dos días después, con 6 millones 709 mil 351 votos, correspondientes a 35 por ciento del total, los porcentajes eran 25.19 para el PAN, 32.69 para el PRI y 38.8 para el frente.

El 12 de julio, que fue el último día que se recibió información que se podía considerar medianamente confiable, pues había cada vez más evidencias de un fraude masivo y generalizado, se tenían computados 10 millones 355 mil 293 votos -54.09 por ciento del total-, de los cuales 21.38 por ciento era para el PAN, 35.76 para el PRI y 39.4 para el FDN, correspondientes a 30 mil casillas -54.5 por ciento del total de las instaladas en el país.

En cualquier elección conducida con rectitud, en cualquier país, al conocerse las cuentas de 54.5 por ciento de las casillas se puede considerar que se han establecido ya tendencias que prácticamente no variarán al llegarse a los resultados finales.

Aquí entran de nuevo las confesiones de Miguel de la Madrid, quien escribe que habiéndose hecho los cómputos en 30 mil casillas se dejó "pendiente el desglose de la información de otras 25 mil, de las que sólo se dieron resultados agregados por distrito".

Los datos de esas 25 mil restantes nunca fueron dados a conocer y nunca podrán conocerse, pues los paquetes con los votos de esa elección, que habían sido depositados en la Cámara de Diputados, según lo disponía la ley, se incineraron por acuerdo de las diputaciones del PRI y del PAN.

¿Qué se puede decir de los votos de esas 25 mil casillas, cuyos resultados fueron ocultados o que nunca fueron contados?

A esas casillas correspondieron, de acuerdo a los resultados que, como dice De la Madrid, se dieron agregados por distritos, 8 millones 787 mil 719 votos, 45.91 por ciento del total oficial, que se distribuyeron como sigue: 21.36 por ciento (contra 21.38 en las casillas cuyos votos se desglosaron partido por partido y candidato por candidato) para el PAN, 67.57 (contra 35.76) para el PRI y 11.98 (contra 39.4) para el FDN.

..La elección de 1988, a pesar del fraude, provocó, sobre todo con las intensas movilizaciones populares, una amplia y firme toma de conciencia entre la población respecto a que la participación ciudadana en la vida pública y el voto hacían posible el cambio. Este primer impulso ha llevado, hasta ahora, a la alternancia y al fin del régimen de partido de Estado. Se requiere de nuevos esfuerzos para llegar a un sistema político y a una convivencia social que puedan calificarse de cabales, de integralmente democráticos.

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F

FACCION
FACTORES DE PODER
FEMINISMO
FILIACION POITICA
FINANCIACION DE LA POLITICA
FINANCIAMIENTO DE ELECCIONES
FISCALIZACION DE ELECCIONES
FORMACION POLITICA
FORMULA ELECTORAL
FORMULA EQUILIBRADA
FRAUDE ELECTORAL
FRENTE AMPLIO
FRENTE POPULAR
FUERZA POLITICA
FUERZAS, CORRELACION DE
FUNDAMENTALISMO
FUSION

 
  Adquiera  


FRAUDE ELECTORAL

Es el engaño, la usurpación, la falsificación, la mala fe, o el despojo que se realiza para tratar de modificar los resultados electorales a favor o en contra de un partido o candidato, antes, durante y después de las elecciones. Se trata de falsear la voluntad popular y facilitar el triunfo de candidatos generalmente reaccionarios. En su esencia está el engaño que se comete en perjuicio de otros para obtener una victoria electoral que no se ha ganado en las urnas.

En todas las naciones, aún las que hoy se consideran democráticas, han existido fraudes electorales, porque la limpieza de las elecciones depende del concurso de un conjunto de factores políticos, económicos, sociales y culturales que no son permanentes ni estáticos, sino que varían en el tiempo y en el espacio.



Lógicamente existen condiciones que dan eficacia a estas prácticas fraudulentas: la pobreza, la ignorancia, la desigualdad, el caciquismo, el monopolio de la información, la concentración del poder en determinados grupos, la subordinación de la prensa a los intereses del poder, la propia cultura popular, son algunas de las causas profundas que hacen posible que el fraude electoral persista.

Antes de la elección el fraude electoral puede estar oculto en el trazo amañado de las divisiones electorales (gerrymanFder); en el aumento o disminución de electores en el padrón; en no dar de baja a los muertos o desaparecidos; en su registro selectivo; en el cierre anticipado del padrón y del registro de candidatos; en la entrega discrecional de credenciales para votar; en la duplicación o multiplicación de boletas; en la integración y ubicación de las casillas; en los requisitos exagerados para los candidatos opositores y sus alianzas electorales, en los pactos cupulares partidistas que lanzan candidaturas cuyo propósito real es dividir el voto para favorecer o impedir el triunfo de un determinado partido, por ejemplo. El objetivo es obtener las mejores condiciones previas, obviamente injustas. para obtener una votación favorable, debilitar a la oposición, pulverizar el voto opositor, propiciar el triunfo o la derrota de un candidato, o bien, establecer la infraestructura del futuro fraude.

Durante el desarrollo de la campaña puede hacerse uso del gobierno y del erario para comprar clientelas políticas, estimular la conducta facciosa de los órganos electorales y controlar los medios de comunicación; desprestigiarse, perseguirse, agredirse, amenazarse, expatriarse y asesinarse a los candidatos y sus equipos con la intención de que renuncien a sus propósitos o se desalienten; puede hacérseles víctimas del espionaje electrónico o de la infiltración dentro del propio comité de campaña; lo mismo se puede comprar a los dirigentes o intimidar a quienes pueden donar recursos, vender tiempos y espacios de comunicación, rentar inmuebles para actos, etc. así como suplantar a promotores y distribuir propaganda falsa para provocar el repudio popular, etc. Se trata de ganar ventaja para un candidato y de obstaculizar o tergiversar mañosamente los propósitos y las acciones de los contrarios para limitar sus posibilidades de triunfo.



El día de la jornada electoral puede no respetarse el secreto del voto; iniciarse la votación con urnas rellenas ya a favor de un candidato; obstruirse la participación y vigilancia de los representantes de los partidos y candidatos en las casillas; aumentarse, disminuirse o destruirse boletas electorales; dejar votar sólo a los incondicionales o permitir la votación de personas no registradas o en lugar de otros; instalar casillas fantasmas o cerrarlas anticipadamente; asimismo, se puede provocar el abstencionismo haciendo muy lento el proceso de votación, arguyendo falta de boletas, cerrando anticipadamente las casillas o creando un clima de terror y de violencia. Lo que se pretende es que los votos a favor aumenten por cualquier medio y que disminuyan los que apoyan a los contrarios.

Una vez cerrada la casilla se pueden rellenar o vaciar las urnas o robárselas o aparecer urnas falsas; al momento del escrutinio anular los votos a favor de los opositores o fabricar otros votos para beneficio del candidato propio; alterar la documentación electoral y destruir las actas que denuncien irregularidades. El propósito es preparar la documentación amañada para justificar el triunfo o para anular las casillas en donde ganó el opositor.

Finalmente, se anuncia el triunfo, a pesar de que sea pública y notoria la derrota. Se trata de desacreditar la posible victoria del contrincante acusándolo de usar la violencia, el fraude electoral y el robo de urnas, para tratar de negociar los resultados de la elección posteriormente, o bien de anular la elección en que realmente triunfó el opositor.

Existen muchas medidas para combatir el fraude electoral: órganos electorales autónomos y profesionales que den confianza, legalidad y transparencia a los procesos electorales (como el IFE en México); un servicio civil de carrera que modere el manejo partidista de la información, de las actividades y de los recursos públicos e impida la presión sobre los servidores públicos para realizar tareas de campaña; una prensa libre e independiente que vigile y denuncie los intentos de fraude; la organización popular que evite la concentración de poderes capaces de imponerse por encima de la voluntad de la mayoría, la vigilancia electoral de organizaciones civiles democráticas nacionales e internacionales y, desde luego, un mayor desarrollo que alivie la desigualdad que hace posible la manipulación, la intimidación, el clientelismo, el soborno de dirigentes y la compra de votos.

En México, según un informe de la Procuraduría General de la República publicado en 2001, los principales delitos electorales son la alteración de las listas nominales y la expedición ilícita de credenciales para votar; se cometen principalmente en el Distrito Federal, Chiapas, Puebla y Estado de México.