LA FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA
Las arcas de la política Afirmaba un Presidente norteamericano que no hay experiencia mas
desagradable, degradante y desgastante en la vida de un político que recoger
dineros para su campaña. Sin embargo, está comprobado que la recolección de
fondos toma cada día más tiempo en la vida de un político y que para el caso
latinoamericano más de dos terceras partes de los dineros utilizados en las
campañas durante los años 90 son de origen desconocido para la ciudadanía, por Por todo ello, ante los costos crecientes de las campañas cualquier recurso se vuelve válido para llenar las arcas de la política. Desde la injerencia de dineros de dudosa procedencia hasta la violación de los límites de gasto, la creación de fondos especiales y auxilios parlamentarios, pasando por fórmulas ingeniosas como los PACs del sistema estadounidense que hasta hoy nadie se ha atrevido a reformar y que derrumbaron el sistema de límites a las contribuciones, han comenzado a hacer parte de las maniobras electorales. Sin mencionar los mecanismos de financiación pública indirecta como el financiamiento de la actividad parlamentaria de los partidos, la propaganda oficial en año electoral, el uso discrecional de fondos públicos, etc. Que alimentan las zonas grises del clientelismo, el tráfico de influencias, las incompatibilidades y el conflicto de intereses. Así las cosas, resulta lógico que la quimera de la autonomía financiera de los partidos y las campañas aparezca cada día más salpicada por la denuncia, el escándalo, la manipulación y el juego sórdido de intereses. No voy a referirme al caso colombiano que tantas lecciones negativas y positivas le ha brindado al debate sobre la financiación de las campañas, porque ello ha sido de alguna manera la punta del iceberg de un conjunto de prácticas que a lo largo y ancho del continente han demostrado los intereses del crimen organizado a la hora de“invertir” en la política.
Lo único claro que debe sostenerse con contundencia es que las contribuciones económicas del sector privado al ejercicio político no pueden ser las “inversiones financieras” en la política. En la mayoría de los países, por ejemplo, no existe limitación alguna respecto del número de partidos a los que una misma persona puede contribuir, convirtiendo el sistema en un juego donde el aportante apuesta a quienes tienen mayor opción y nunca pierde. Fernando Carrillo Flores |
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FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA |
| Es el proceso mediante el cual se utiliza el dinero a fin de canalizar recursos y energías con fines políticos. La adquisición y conservación del poder político exige recursos materiales y energías humanas. El dinero es el instrumento más importante para conseguir el control de los recursos materiales; su control de energías humanas varía según la etapa de desarrollo de la sociedad, pero es casi absoluto en todos los sistemas políticos basados en elecciones populares pluralistas. El dinero fluye por muchos canales de los procesos políticos. La procedencia de los fondos revela cómo se convierte el poder económico en poder político; su utilización en las campañas electorales hace manifiestos algunos aspectos del comportamiento electoral; el análisis de los movimientos de fondos conduce a estudiar las motivaciones humanas, la participación política, el carácter de la influencia y la estructura y funcionamiento de los partidos; los intentos de controlar la financiación política lleva a plantear cuestiones relativas a la autoridad constitucional, al condicionamiento social del cumplimiento de las leyes y a la comprensión y actitudes por parte del público. No todo financiamiento político significa dinero, puede referirse a bienes y servicios; con frecuencia es difícil separar la fortuna personal de las capacidades políticas de los candidatos o los diversos efectos generales del poder económico: control de fuentes de crédito, impacto en los medios masivos, etc. Además, casi todos los fondos se manejan con un carácter secreto o confidencial; ningún partido exhibe su contabilidad real. Los estudios existentes, realizados fundamentalmente en Estados Unidos, comprenden los gastos de campaña, la influencia de la financiación en la estructura interna de los partidos y las limitaciones legales a las aportaciones individuales y a los gastos de los comités de acción política. No se ha incursionado en los efectos de la financiación respecto al reclutamiento político, ni en el compromiso que resulta de aceptar ayuda financiera. Las motivaciones para que la gente contribuya a un partido pueden ser muy variadas, ya que pueden originarse en un sentido cívico, en el deseo de que cierta ideología predomine, en obtener alguna clase de retribución, como puestos de embajadores conforme a la tradición norteamericana. En otros casos, las contribuciones se otorgan en previsión de una legislación desfavorable o para asegurar que la legislación vigente no se modificará. De cualquier manera, el costo de las campañas cada vez es mayor, lo cual ha producido una crisis financiera en muchos partidos. Dentro de estos gastos, la mayor proporción se encauza a la tarea de comunicación política: correo, diarios, radio, televisión, anuncios exteriores, etc.  No existe una relación directa y necesaria entre el monto de los recursos gastados en una campaña y el triunfo electoral, sino muchas variaciones entre el dinero y la victoria de un candidato, pues hay otras variables que importan, como la situación de bonanza o crisis económica que prevalece al momento de la elección. Antes, cuando los partidos podían gastar libremente, el dinero no compró las victorias electorales; los candidatos y partidos con mayor dinero no siempre ganaron, aunque tendieron a ello. No obstante, a menores recursos disponibles mayores probabilidades de desastre electoral. Por eso, los topes tratan más bien de crear condiciones equitativas entre partidos y candidatos ricos y pobres, para que el dinero no sea, por exceso, un factor de triunfo que predomine sobre los demás, en especial cuando existen condiciones de miseria extrema que favorecen el clientelismo. Las regulaciones acerca del financiamiento y los topes a los gastos de campaña pretenden garantizar elecciones libres y al mismo tiempo evitar los abusos provocados por la manipulación del dinero y del poder económico. Se trata que las campañas se financien conforme a los principios de igualdad de oportunidades para que se manifieste el mayor número de opciones políticas, se evite que se privatice el interés general, y se promueva una extensa participación ciudadana de medianos y pequeños contribuyentes. Desde el surgimiento de la democracia moderna se han planteado periódicamente medidas para reducir el costo de las campañas electorales mediante la imposición de límites a sus gastos. Algunas se han desechado por las grandes dificultades que entraña su fiscalización efectiva, por lo que a veces, se han propuesto medidas indirectas como la prohibición a los partidos de contraer deudas cuantiosas o la restricción a la compra de tiempo en los medios de comunicación electrónicos para las campañas y aun la prohibición del uso de ciertos instrumentos de propaganda electoral como la televisión. Los topes a los gastos de campaña se basan en las ideas de que el dinero puede comprar los votos, o que si bien no lo hace directamente si compra poder de comunicación, y de que el gasto en elecciones por definición no debe ser alto. Casi todos los países han promulgado leyes para controlar la corrupción política, de modo que establecen gastos máximos de campaña; pero estos límites pueden ser violados de diversas maneras, por ejemplo, por la disponibilidad de medios de transporte, la propaganda intensa en los periodos preelectorales, las donaciones por cada uno de los miembros de una misma familia o en nombre de otros, etc. de tal manera que establecer controles es sumamente complejo. Asimismo, en algunas legislaciones se establece la obligación de los partidos de hacer públicas sus fuentes de financiamiento, los nombres de los donadores, las cantidades aportadas, etc. durante las campañas, a efecto de que el electorado ejerza su voto de manera consciente de qué intereses están detrás de cada partido y candidato. Por otra parte, el ideal democrático prescribe que todos los partidos tengan iguales oportunidades para participar en las elecciones, lo cual se enfrenta al obstáculo del alto costo de las campañas y a la falta de divulgación de la influencia económica que incide en la actividad de cada partido. De ahí que se sugiera la ayuda financiera del gobierno para todos los partidos mediante subsidios directos en efectivo con base en el número de miembros registrados, por ejemplo; la exención de impuestos a los fondos donados a los partidos; la franquicia postal; el uso de instalaciones públicas para la celebración de mítines, la donación de tiempo en radio y televisión, el uso de medios de difusión de propiedad estatal, etc. En algunos países de Europa, los partidos están ligados con movimientos socioeconómicos, sindicatos por ejemplo, que contribuyen al sostenimiento de sus actividades. En general, las fuentes de financiamiento para actividades políticas varían desde las aportaciones reducidas de los militantes y mayores de los candidatos y de los grupos organizados, así como el financiamiento público, hasta el subsidio indirecto que significa la utilización de recursos gubernamentales con propósitos políticos. Conforme al ideal de la democracia, la única fuente de ingresos debe ser la modesta contribución de cada uno de los miembros del electorado al partido al que pertenece. |