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LEGITIMIDAD

'Es la cualidad que otorga el derecho a gobernar y que es aceptable para los ciudadanos. Proviene del latín legitimus que significa "conforme a la ley". Implica la concepción de que todo gobierno debe tener una justificación y no puede basarse sólo en la coerción. Así, la legitimidad es la cualidad de una autoridad, institución, estado, régimen o sistema político de actuar conforme a derecho y de ser aceptado como válido y oportuno por la población. La legalidad es la cualidad de concordar con la ley. Lo ideal es que la ley sea legítima pero no siempre lo es.

La legitimidad corresponde a la imagen del poder que se considera válido en una sociedad, de modo que para los monárquicos el poder legítimo corresponde al descendiente de los reyes precedentes, mientras que para los demócratas el poder legítimo es resultado de elecciones libres, por ejemplo.

Ningún sistema político o gobierno puede permanecer largo tiempo en el poder únicamente mediante la coerción, sino depende de que la gente crea en su derecho a ejercer ese poder, aunque nunca exista unanimidad. Por eso, todo gobierno busca constantemente legitimarse, justificar la forma y contenido de su ejercicio, y hacer que la población asuma como válidas sus razones. Se trata de que exista un grado de consenso tal, que asegure la obediencia sin necesidad de recurrir a la violencia, salvo excepcionalmente, que convierta a la obediencia en adhesión. Por eso, para Lipset, la legitimidad supone la capacidad de generar y mantener la creencia de la población de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para determinada sociedad. Por eso también, las revoluciones triunfantes, a diferencia de las usurpaciones y golpes de Estado, crean nuevos principios de legitimidad que sustituyen a los que sustentaban a los regímenes derrotados.

Históricamente han existido dos formas de legitimidad con diversas variantes: la sagrada, que otorga al poder un origen divino; y la secular, que resulta de la necesidad del consenso de los gobernados para el mejor ejercicio del poder.

Actualmente existen dos clases principales de teorías acerca de la legitimidad:

a). Las que identifican principios y prácticas que obligan al pueblo a obedecer a un gobierno (como el derecho divino de los reyes, la ley natural, o la soberanía popular) y que con base en la observancia de esos principios determinan si un régimen tiene o no legitimidad. Así, un gobierno es legítimo si asume y ejerce el poder de acuerdo con estos principios y prácticas generalmente aceptados.

Los principios y prácticas varían de sociedad a sociedad y a lo largo del tiempo. Aristóteles sostuvo en "La Política", que un sistema era correcto o pervertido según sirviera al interés común de los ciudadanos o sólo a los intereses particulares de los gobernantes. Los romanos llamaron "potestas legitimus" al gobierno ejercido conforme a la ley, en contraste con el gobierno arbitrario o tiránico. Durante el medioevo, la legitimidad se ligó con las concepciones de la ley natural y del orden del universo. A partir del siglo XVI, se difundió la idea de una justificación secular del poder político, para Locke, por ejemplo, la monarquía debía basarse en el acuerdo y el consentimiento populares. Pero la cuestión de la legitimidad no fue planteada explícitamente sino hasta Rousseau en "El Contrato Social", como fundada en la voluntad general. Así, la única fuente legítima del poder llegó a ser la soberanía popular.

b). Las teorías que consideran las creencias en la legitimidad de un régimen como un rasgo del gobierno y la consideran como un fenómeno histórico alejado de las cuestiones morales (como la capacidad para mantener la paz, bajo la ley, entre individuos y grupos que sostienen valores distintos y conflictivos entre sí), de modo que un sistema político es legítimo cuando se basa en un amplio consenso popular, y la gente cree que sus gobernantes asumieron sus puestos correctamente, no abusan de su autoridad e instrumentan políticas que no rebasan los límites aceptables.

Max Weber creó una tipología de la dominación legitima, cuyo criterio de legitimidad puede ser: 1) De carácter racional, cuando se apoya en la creencia en la legalidad de las normas vigentes y en el derecho a mandar de los que detentan el poder basado en tales normas. 2) De carácter tradicional, si de la costumbre y de la cultura resulta la aquiescencia. 3) De carácter carismático, cuando las cualidades personales de un líder (heroísmo, talento, etc.) demandan la obediencia.

La legitimidad depende de las actitudes, valores y creencias de la gente, de ahí que tenga sus orígenes en la socialización y en la educación. El nivel de coerción, los intentos para derribar el gobierno, la desobediencia civil, los motines frecuentes, la rebelión y la revolución son indicadores empíricos del grado de legitimidad de un régimen.

Ambas teorías pueden ser contempladas como complementarias.

En la actualidad, el análisis de la legitimidad presenta tres direcciones:

1) Una preocupación por el desarrollo de una teoría de la ilegitimidad, que destaca que los problemas del estado moderno son producto de la ausencia de la legitimidad.
2) Un énfasis en una teoría empírica de la legitimidad que se caracteriza por medir los niveles cuantitativo de apoyo a los regímenes políticos, para evitar los problemas surgidos de las cuestiones normativas.
3) Un interés por investigar procesos y estrategias de legitimación utilizadas por el Estado en el campo de la comunicación, la ciencia, la tecnología y la educación, con el propósito de reforzar la creencia en su derecho a gobernar.

La legitimidad es de suma importancia para la democracia. Según Ferrero, la legitimidad de la democracia no resulta sólo de la mayoría, sino se fundamenta en dos pilares: mayoría y minoría o gobierno y oposición. Las elecciones libres y periódicas son la fuente principal de la legitimidad de origen de los gobiernos contemporáneos; mediante ellas se crean un sentir común de apoyo popular y de participación en los asuntos públicos, al mismo tiempo que permiten la transferencia pacífica del poder.

De acuerdo a Fernández Segado, además de cierto grado de desarrollo político que impida el fraude y la manipulación, para que las elecciones proporcionen legitimidad a los gobiernos deben cumplirse una serie de principios: universalidad e igualdad del sufragio (un voto de igual valor para cada ciudadano); libertad de candidatura (igual posibilidad de todas las fuerzas políticas para presentar candidatos); igualdad de oportunidades para que todo ciudadano se exprese y no sólo los más acaudalados (de lo que resultan límites a gastos de campaña, ayuda estatal a candidatos, acceso igualitarios a medios de comunicación, equidad en la distribución de espacios para la propaganda, etc.); libertad de elección (voto secreto, prohibición de prácticas manipuladoras como la publicación de encuestas sesgadas); tipificación como delitos electorales de las conductas que traten de tergiversar la voluntad popular; protección y defensa del voto mediante recursos jurídicos.


Pero el triunfo electoral no otorga un cheque en blanco para ejercer el poder, sino sólo la autoridad para actuar conforme a las leyes y la cultura política prevaleciente. Los gobiernos deben mantener el apoyo de los ciudadanos mediante actos que sean vistos por ellos como legítimos. Es decir, las elecciones proporcionan una legitimidad de origen a los gobernantes, la cual debe ser continuada por otra legitimidad creada por su desempeño y los resultados de ese actuar.

En las elecciones presidenciales del 2000 en Estados Unidos, Al Gore obtuvo más votos populares (50, 158, 094) que Bush (49,820,518); sin embargo, pese a los resultados electorales dudosos en el Estado de Florida (gobernado por un hermano de Bush), cuyo recuento no se permitió, tuvo que aceptar su derrota. Por este motivo la legitimidad de la victoria de Bush se vio empañada, no obstante haber logrado suficientes votos electorales (271 contra 267 de Gore), al grado de provocarse gritos de protesta como ¡Heil to the thief! durante su toma de posesión como Presidente.

En ese mismo año, en México, el candidato presidencial Vicente Fox obtuvo 15,988,740 votos (27%) de una lista nominal de 58, 782,737 electores (100%) debido al gran abstencionismo. No obstante, la manera ejemplar como se desarrolló el proceso electoral le otorgó una gran legitimidad inicial a su gobierno.