Se llama así a las prácticas jurídicas tradicionales e informales de comunidades -generalmente indígenas-, entre las que se cuenta la elección de autoridades tradicionales, y que difieren del sistema electoral "occidental".

En México, en el Estado de Oaxaca, que tiene una importante población indígena, se ha reconocido esta antigua práctica política mediante las reformas electorales realizadas en 1995 y 1997. Hoy los habitantes de 418 municipios oaxaqueños eligen a sus autoridades municipales por medio de asambleas comunitarias, sin la participación de los partidos y sin la utilización de mamparas, urnas y boletas electorales. Son los propios interesados los que organizan y desarrollan la elección directa sin intervención de autoridad electoral alguna.